En enero de 2016, una pareja de treintañeros, Francisco Javier López y Ana Ferrer, ponía en marcha en la plataforma de internet change.org una recogida de firmas para reclamar que los 177.000 metros cuadrados de los antiguos terrenos de Repsol, entre la Carretera de Cádiz y la Cruz del Humilladero, se transformaran en su totalidad en un bosque urbano (el PGOU actual reserva 80.000 de zonas verdes y en el resto prevé edificar unas 1.200 viviendas en cuatro torres y cuatro edificios de VPO, además de dejar 44.200 metros para uso comercial, hotelero u oficinas). Hasta la fecha llevan recogidas unas 30.000 firmas en internet. El 23 del mismo mes nacía la Plataforma Bosque Urbano Málaga, un movimiento ciudadano desvinculado de los partidos.
«Quién nos iba a decir que íbamos a tener tanta repercusión y relevancia», comenta Francisco Javier López , que con otros compañeros de la plataforma se citó la semana pasada con La Opinión en la antigua parcela de Repsol.
En este año de vida, la plataforma ha recabado el apoyo de una treintena de colectivos de Málaga gracias a continuas reuniones para explicar el proyecto, que recoge el espíritu del PGOU de 1983, que sólo planteaba un gran parque en esta parte de Málaga.
«Esa fue la promesa que se le hizo a los vecinos cuando reclamaron la retirada de los bidones, salieron a la calle, fue una lucha vecinal y se sigue incumpliendo», lamenta Pedro Sánchez, miembro de la plataforma, que recuerda que han sido los vecinos de la Carretera de Cádiz y la Cruz del Humilladero «los que han sufrido el riesgo y el peligro de los bidones y son los distritos más poblados y con menos zona verde por habitante».
A este respecto, alerta de que, incluso si los 177.000 metros se dedicaran a bosque, «estaríamos por debajo de los indicadores de metro cuadrado de zona verde por habitante que marca la Organización Mundial de la Salud».
Para Ángel Sánchez Blanco, académico de Ciencias, catedrático de Derecho Administrativo de la UMA y miembro de la plataforma, el argumento del Ayuntamiento de que transformar todos los terrenos en bosque supondría pérdidas millonarias para la ciudad, no se sostiene. «El único modelo que tienen es hacer caja, cuando la estrategia primera de un plan urbanístico debe ser cumplir los porcentajes de zona verde que marca la Ley de Ordenación Urbanística, y aquí hay un porcentaje significativo para aumentar los parámetros de zona verde por habitante».
En opinión del catedrático, el PGOU «ha sido hecho por un equipo técnico desconectado de los movimientos ciudadanos y tiene manifiestas incongruencias por las directrices recibidas de la misma alcaldía». Además, criticó que la información pública del plan se presentara «en plena Feria».
«Es una mera cuestión de calidad de vida, estos dos distritos tienen una carencia escandalosa de metros cuadrados de zona verde por habitante, así que cuatro rascacielos y cuatro bloques de viviendas son absolutamente inasumibles», considera Francisco Javier López .
Los miembros de la plataforma también rebaten la necesidad de viviendas en la zona y recuerdan que entre los dos distritos hay unas 1.600 viviendas vacías, aparte de que el PGOU pretende edificar el vecino polígono industrial de San Rafael, «y hay otras promociones como la de la Flex o Martiricos», apunta Sánchez.
También rebaten la continuación del bulevar Adolfo Suárez, que en teoría debe atravesar la parcela con capacidad para seis carriles. «Para nosotros no tiene mucho sentido desde el momento en que iba a ser una entrada de Málaga, para descongestionar, pero no va a tener conexión con la autovía», señala Pedro Sánchez.
A su lado está Francisco José Guerrero, que explica que han iniciado una campaña informativa entre el comercio local, por el riesgo que para estos pequeños negocios supondría la edificación de un gran espacio comercial en la parcela. «Ciudadanos nos dijo que el volumen comercial sería el mismo que el de el Corte Inglés junto a Hacienda», señala Ángel Sánchez Blanco. La plataforma se ha reunido a lo largo de este año con todos los grupos políticos para explicarles su proyecto.
Los miembros de Bosque Urbano Málaga deploran además la marcha atrás por el equipo de gobierno del PP de la consulta ciudadana, que el catedrático de Derecho Administrativo considera perfectamente ajustable a la ley. «El Ayuntamiento ha ido contra sus propios actos, es una falta de rigor lamentable».
Financiación europea
En cuanto a la financiación de este bosque urbano con especies autóctonas, la plataforma cree que podría acceder a financiación europea gracias al programa Life+ Quick Urban Forest, que recupera terrenos degradados y los transforma en bosques urbanos.
Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Valladolid con 130.000 m2 en el Soto de Medinilla, en el que prevé plantar 30.000 árboles de los que lleva plantados cerca de la mitad. El proyecto ha sido financiado en un 45% por la UE. La paradoja es que el Ayuntamiento de Málaga, que se opone al bosque urbano en Repsol, forma parte junto con Valladolid del grupo Quick Urban Forestation, una amplia red de ciudades del sur de Europa que fomenta los bosques urbanos.
«La gente está muy concienciada, cada vez más informada y no entiendes por qué no ha encontrado respuesta en las autoridades», cree Ana Ferrer. Para Pedro Sánchez, «al final tenemos que ser los ciudadanos los que tomemos la iniciativa para demandar qué tipo de ciudad queremos».
