El sindicato UGT Málaga ha denunciado un nuevo aumento de los datos de siniestralidad laboral en Málaga. En concreto y según sus datos, en 2016 se produjeron 18.679 accidentes laborales con baja en la provincia, 15.681 en jornada de trabajo y 2.998 in itinere (de camino o de regreso al trabajo), lo que supone subidas del 4,8 % y del 5,6% respectivamente en relación a 2015.

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente, Francisco Javier Rodriguez, ha apuntdao que, analizando los distintos sectores, es en el segmento de servicios, con 14.258 accidentes y un aumento del 6,2%, donde se registra el grueso de siniestros. Le sigue la construcción, con 2.287 accidentes y un ascenso del 10,6 %. Los sectores agrario e industrial son los que reducen levemente sus cifras con un total cada uno de 482 y 1.652 accidentes.

En cuanto a la gravedad, son los accidentes leves los más numerosos, con un total de 18.437 y una subida del 5,28 %. Los graves pasan de 265 a 223 accidentes. "Pero la más trágica y lamentable estadística es la de los accidentes mortales, con 19 fallecidos, incluyendo los in itinere, 5 de ellos en accidentes traumáticos en jornada, aumentando así la cifra de 17 en 2015. En este apartado también el sector Servicios es el que más aumenta, pasando de 7 a 13 fallecidos", ha explicado.

El representante sindical ha afirmado que esta cifras "vienen a reafirmar" las denuncias del sindicato, que apunta a varios elementos como responsables del aumento de la siniestralidad. "En primer lugar, las reformas laborales, que son la causa directa de la precariedad laboral y el abuso desmedido de los empresarios sobre los trabajadores, donde se pierden los derechos y las garantías laborales en todos los aspectos, pero en materia de prevención tienen estas trágicas consecuencia", ha comentado. UGT también apunta a los "recortes" del Gobierno del PP en medios económicos y humanos a las administraciones competentes en materia de seguridad, caso de la Inspección de Trabajo.

"Eso, en un tejido empresarial como el malagueño, donde las pequeñas y medianas empresas ligadas a restauración y hostelería acaparan el 80% de la economía, hace misión imposible para las administraciones un mínimo control del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que gran cantidad de empresarios usan esas carencias para ahorrar dinero quitándoselo en prevención de riesgos a sus trabajadores. Estos empresarios saben que la Administración no tiene capacidad operativa para controlarlos, como mucho le pedirán tener la documentación en regla, lo que en UGT llamamos prevención de papel", ha señalado.

El sindicato reclama tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía una inversión en la provincia "a la altura de la capacidad de nuestro tejido empresarial que proporcione los medios materiales y humanos suficientes, donde no solo se investigue una denuncia, sino una actuación de oficio antes las situaciones de riesgo en las que gran cantidad de trabajadores realizan su actividad laboral diaria". "Los empresarios deben asumir que una prevención real y efectiva no se hace según actúen las administraciones, son ellos sobre los que la Ley deposita la responsabilidad, y son ellos los que tienen que garantizar que cada trabajador desempeñe su trabajo en un entorno laboral saludable, libre de accidentes y de enfermedades profesionales", concluye.