La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, quiere obligar a las ópticas a que paguen una fuerte suma en virtud de la aplicación retroactiva del IVA en los ejercicios 2016 y 2017 al pasar a tributar las monturas de las gafas del 10% al 21% desde el pasado 1 de enero, aunque las lentes continuarán tributando al 10%. Esta decisión del departamento de Cristóbal Montoro ha hecho que el sector monte en cólera, aunque sólo en Andalucía los establecimientos ópticos tendrán que hacer frente al pago de seis millones de euros que no habían previsto, lo que, casi con seguridad, tendrá efectos en su viabilidad económica y en la estabilidad del empleo.

Hasta 2014, cristal y faga tributaban a un tipo reducido del 10%. En cambio, desde el pasado 1 de enero, la lente continúa tributando a ese tipo reducido, pero la montura para gafa graduada se grava con el 21%. Ahora, Hacienda cree que durante dos años se ha pagado menos de lo que se debería por las monturas de las gafas y quiere repercutir ese déficit recaudatorio del bienio pasado en el sector, que no está para muchas alharacas con la crisis económica. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sector consulta ya con abogados qué camino seguir y la Agencia Tributaria ya suspira por iniciar su ronda de inspecciones en las tiendas.

Jorge Maguilla es el vocal de Comunicación del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía. Para este profesional, la noticia es «mala e injusta». «Influye negativamente a todo el sector y, sobre todo, a los más modestos que tributan bajo la modalidad de recargo en equivalencia y que les supondrá un 14,8% de mayor coste sin poder repercutirlo en sus ventas», dijo.

Sólo en Andalucía, la medida podría suponer el pago sobrevenido de en torno a seis millones de euros en impuestos, lo que afectará gravemente «al empleo y la viabilidad de las empresas». «El sector óptico en Andalucía está formado por pequeños establecimientos sanitarios de óptica de dos o tres personas de media y esta regularización podría suponer la facturación de un mes en los negocios que están bajo el régimen de recargo de equivalencia, que son el 35% de nuestros establecimientos, por lo que esta medida supondrá un gran golpe en la situación de crisis actual», afirmó. Curiosamente, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apoya a la Agencia Tributaria y explica que el IVA es un impuesto al consumo y, por tanto, no han de soportarlo los negocios, sino los consumidores, aunque los ópticos siguen muy revueltos porque creen que esta decisión es un misil que va hacia su línea de flotación.