Jorge Maguilla, vocal de Comunicación del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, aseguro que «se está trabajando intensamente para intentar corregir esta medida que entendemos perjudica gravemente a un sector tan importante y necesario en la salud visual de la población».

Aunque afirmó que no conoce que en otras comunidades se esté acudiendo a los tribunales para frenar la iniciativa del Ministerio de Hacienda, lo cierto es que los ópticos de la Comunidad Valenciana ya están consultando con sus abogados cómo parar esta medida en el andén jurídico, mientras que se asesoran sobre las inspecciones que podrían llegar a partir de ahora a todas estas ópticas.

«Entendemos que tanto las monturas como los cristales conforman la gafa graduada, que es la solución para corregir las deficiencias visuales de los pacientes. En este sentido, debería mantenerse su tributación como hasta ahora, es decir, al 10% en todos sus componentes», apuntó.

La Federación Española de Asociaciones del sector Óptico (Fedao) considera que esta medida no sólo afecta a los ópticos-optometristas, el último eslabón de la cadena, «sino también al importador, al fabricante, al distribuidor, cadena y grupo de óptica». En España hay más de 700 empresas grandes de óptica y un 15% podría no sobrevivir a esta situación, mientras que las cerca de 1.000 ópticas pequeñas lo pasarán mal debido a estos pagos sobrevenidos y a la crisis que afecta al sector.