La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz investiga las quejas de los vecinos del entorno del antiguo Cuartel de Capuchinos por los ruidos que causan los perros de la perrera de la Comisaría Provincial de Capuchinos, instalada en el cuartel.
Un informe firmado por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu Gregorio de Tejada, y enviado a uno de los vecinos de la zona el mes pasado, destaca que la perrera «lleva años acuciando a todo el vecindario» por lo que la oficina decidió recabar datos al alcalde de Málaga.
El informe recuerda que aunque en un primer momento una denuncia en 2005 fue archivada al desmantelarse las perreras, el problema regresó en 2012, al rehabilitarse seis antiguas.
El documento menciona una inspección municipal en julio de 2015, en la que se dice que «se constata la contaminación acústica que generan las perreras de los animales de trabajo de la D.G.P.» pero a la vez admite que «no encuentra solución que pueda erradicar esta situación en el momento actual ni una ubicación que no genere el mismo problema en otra zona del término municipal de Málaga».
Tras el informe, la oficina da cuenta de que el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental instó a la Comisaría Provincial a que, en el menor plazo posible, instalara una pantalla acústica para reducir el ruido, aunque el Ayuntamiento informó a continuación de que se estaban realizando gestiones para buscar otro lugar para las perreras y estaba a la espera de recibir información de la Subdelegación del Gobierno.
Por este motivo, el Defensor del Pueblo Andaluz concluye que el Ayuntamiento «ha realizado las actuaciones oportunas al objeto de tratar de resolver un problema cuya solución, al parecer, no depende de él, aunque podría estar en buen camino».
Por este motivo, el informe concluye señalando que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz continuará con las indagaciones y pedirá a la Subdelegación del Gobierno información actualizada sobre este posible traslado.
En noviembre del año pasado, La Opinión publicó las quejas de los vecinos por los ladridos continuos y una portavoz de la Comisaría Provincial señaló que las medidas técnicas para reducir la contaminación acústica se verían en breve, en alusión a la pantalla acústica que pedía el Ayuntamiento, aunque no hizo mención al traslado.
Por su parte el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, reconoció que el antiguo cuartel no era el más adecuado «para albergar perreras», pero además indicó que la solución no pasaba por medidas correctoras. «La solución va a pasar por algún tipo de acuerdo para el traslado completo», recalcó.
Por este motivo, detalló que el Ayuntamiento ya estaba buscando «espacios alternativos y posibles permutas de suelo» para trasladar las perreras a un sitio más adecuado.
El mismo mes, el Sindicato Unificado de Policía, SUP, respaldó en este diario a los vecinos y reconoció la mala ubicación y los ruidos que producían los perros, al tiempo que destacaba el estado de «ruina» y de «lamentable habitabilidad» del edificio, en el que, aparte de los perros de la Unidad Canina de la Policía Nacional, se encuentran especialidades relativas a la seguridad ciudadana y las oficinas de los sindicatos policiales.
«Que se marchen a otro sitio»
Mari Ángeles Zurita, una de las vecinas afectadas y cuya casa se encuentra a pocos metros del cuartel, lamentó que siguieran «igual» y recordó que los vecinos protestan sobre todo por los ladridos constantes de madrugada, «porque no nos dejan descansar bien y tenemos derecho al descanso». Además, recordó que en la zona viven muchos «enfermos y personas mayores» que necesitan especialmente descansar bien. Por eso, volvió a reclamar «que se marchen las perreras de una vez y les busquen otro sitio».
