Los abogados de Málaga, en pie de guerra por la subida del IVA al turno de oficio

La polémica ha adquirido proporciones hercúleas, porque a los deseos del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro se ha opuesto frontalmente el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien en su cuenta de Twitter escribió esto el 31 de enero: «Turno de oficio: garantía de acceso a la justicia. Aclararemos con @Haciendagob su carácter social y financiación pública exenta de IVA». Un directo a la mandíbula de Montoro que habrán suavizado estos días en el seno del Consejo de Ministros.

Las intenciones de Hacienda

Lara, por su parte, recuerda que el IVA es un impuesto que grava al consumo y al consumidor, y, por tanto, en este el cliente de los abogados de oficio, el beneficiario de Justicia Gratuita, personas sin recursos o con ingresos moderados. «No puede estar gravado con el IVA», sentencia. Y abre otras posibilidades que tampoco deberían llevarse a cabo: «Pero es que también es imposible que se grave a la Administración con el pago del IVA, porque en el caso de las comunidades que tienen cedidas las competencias de Justicia, como es el caso de la Junta de Andalucía, no pueden hacer frente a un impuesto del 21% a pagar al Ministerio de Hacienda; y en las comunidades en las que no se ha transferido la competencia, no se puede imponer el pago del 21% del Ministerio de Justicia en impuestos al de Hacienda».

«Es contrario a la ley, porque se optase por que fuéramos los abogados los que tendríamos que hacer frente al pago del 21% del IVA no puede ser, porque el que presta un servicio o vende un producto jamás puede hacer frente a eso. Fíjese en las ridículas cantidades que cobramos los abogados de oficio, si lo reducimos en un 21%, muchos letrados tiraríamos la toalla sin duda», recalca.

«Privatizar la Justicia»

En su opinión, no se pueden reducir los honorarios un 21% de los letrados de la Justicia Gratuita, porque ellos reciben una subvención por un servicio público esencial que garantiza, entre otros, el derecho de defensa consagrado por la Constitución y la igualdad de todos ante la ley, incluidos los ingresos de cada individuo.

«Esto puede obedecer a dos cosas: al hambre voraz de la Agencia Tributaria por recaudar o ser otro paso más para privatizar la Administración de Justicia, de forma que se vaya reduciendo el número de abogados de oficio, se privatiza el servicio y se le entrega a una gran empresa privada de abogados para que se haga cargo del turno de oficio», reflexionó el decano malagueño.

Recuerda Lara, de cualquier forma, que el Ministerio de Justicia ya se ha mostrado públicamente a favor de la postura que han adoptado los colegios de abogados, muy revueltos con la intención de Montoro. «Estoy convencido de que esto no va a ser así. Ya digo que si la consulta de la Dirección de Tributos es asumida por Hacienda, es tratar de dar un paso más para quitarse abogados de oficio y privatizar el servicio», añade con contundencia.

Previsión en Málaga

En Málaga, hay 1.900 abogados de oficio y cada año se produce una media de 40.000 asistencias. Si se llevara adelante esta medida, Hacienda recaudaría en la provincia 4,8 millones de euros, un 21% de los 20 millones que facturan los letrados de oficio en la Costa del Sol. En España, la recaudación ascendería a 50 millones de euros y, a nivel andaluz, supondría un bocado impositivo de casi ocho millones de euros.

«Hacienda no se entera de que la Justicia Gratuita es un servicio público que debe estar ajeno a las reglas del mercado. El ministro de Justicia ya lo ha dicho en Twitter, se ha posicionado con los abogados de oficio, Hacienda no. Gravar esto al 21% del IVA es una auténtica barbaridad», concluyó el decano malagueño.

El origen de la intención de Hacienda está en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2016 dictaminó que la asistencia jurídica gratuita no entra dentro de los supuestos que la directiva comunitaria del IVA permite declarar exentos del tributo.