Por la mañana, Elías Bendodo ya dejaba entrever en su discurso, aunque lo negara, el temor, o al menos la sospecha, de que la Junta de Andalucía pudiera poner trabas al proyecto que presentaba para convertir la plaza de toros en un centro cultural con uso durante todo el año. Y ese recelo se materializó en forma de nota de prensa por la tarde: un comunicado enviado por la Junta en la que aclaraba, si había dudas, que La Malagueta es un Bien de Interés Cultural y, por tanto, cualquier intervención en el monumento está condicionada al pertinente visto bueno de la Delegación Territorial de Cultura. Es decir, que la Diputación no puede empezar las obras sin su permiso.

La Junta de Andalucía condiciona el proyecto de la Diputación a un informe que necesariamente tiene que redactar Cultura, ya que la plaza de toros es un BIC y, por tanto, está sometida a la Ley de Patrimonio Histórico. Y para ello, la Delegación, una vez reciba este proyecto de forma oficial, «dispone de tres meses para su elaboración». Es decir, que la previsión inicial de la Diputación de comenzar los trabajos después del verano se podrían poner en cuarentena. Por lo pronto.

El organismo supramunicipal, propietario de la plaza de toros, quiere que La Malagueta sirva para algo más que para acoger corridas en la Feria. Por este motivo, ha presentado un proyecto de rehabilitación de este monumento con 141 años de historia, que incluye la restauración de elementos arquitectónicos originales pero también la creación de nuevos espacios expositivos y salas de congresos. Para ello, según informó el presidente, que estuvo acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la Diputación invertirá cuatro millones de euros en una intervención que seguirá las trazas del proyecto firmado por los arquitectos de la Diputación Borja Peñalosa, Manuel Rodríguez y Rafael Salas y que, según insistió Bendodo en varias oportunidades, «ha sido consensuado con los técnicos de la Junta de Andalucía, que han tenido que dar su visto bueno» al tratarse la plaza de toros de un BIC. Y mostró su deseo de que «no haya ningún problema desde el punto de vista político» para autorizar las obras y poder sacarlas a concurso.

Sin embargo, en el comunicado de la Junta, ésta hace constar que si bien es cierto que los técnicos de la Diputación han mantenido dos encuentros con el arquitecto de la Delegación de Cultura en noviembre del año pasado, ambos se desarrollaron «sin documentos oficiales», según precisa la nota. «Y un tercero, el 27 de enero pasado, con un documento en fase de terminación». «En este último encuentro, se pasó revista, a grandes rasgos, al contenido del proyecto que a corto plazo tenían previsto presentar», añadió la Junta.

«Al ser un BIC, cualquier obra que se pretenda ejecutar en la misma debe contar previamente con un informe de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía», insistía el Gobierno regional.

¿Qué pretende hacer la Diputación en el edificio? Lo primero, porque es lo más urgente, quiere corregir los problemas estructurales y de humedades que padece el inmueble, para lo cual propone trabajos de recuperación de la fachada y de impermeabilización. Pero también, y por la situación privilegiada que tiene la plaza, «junto al Muelle Uno y el nuevo hotel Miramar», según destacó Bendodo, el proyecto también prevé una redistribución de los usos y otros nuevos.

Nuevos usos

En este sentido, la zona de corrales acogería varias salas de reuniones, con capacidad para 200 y 70 personas cada una. Los pasillos bajo los tendidos pasarán a ser salas de exposiciones. Se va a «dignificar» el museo taurino (el de la plaza del Siglo con la colección de Juan Barco está a punto de extinguirse, recordó Bendodo) y se va a construir una tienda asociada a este centro de interpretación, así como un restaurante, entre otras cosas. «Hemos coordinado esta actuación con veterinarios, delegados gubernamentales y aficionados», precisó el presidente de la Diputación, que señaló que las obras se acometerán por fases, con el objetivo de terminarlas a finales de 2018.