El Foro de Saneamiento, impulsado por una decena de organizaciones territoriales, profesionales y turísticas, denunció ayer que la Junta de Andalucía ha comenzado a sancionar a los pueblos del Valle del Genal y del Guadalhorce por la mala calidad que presentan las aguas de su red pública, un problema que, según enfatiza el colectivo, se debe precisamente a la falta de depuradoras y a la inacción del Gobierno Andaluz, que aún no ha finalizado las obras que le corresponden en la provincia.

Fuentes del foro reseñaron a este periódico que tienen constancia de al menos un ayuntamiento que ya ha sido multado, siempre después del análisis de los inspectores, y con una cantidad que ronda los 1.500 euros por examen positivo. La imposición de estas sanciones ha despertado la indignación de los miembros de la asociación. El colectivo acusa a la Junta de «rizar el rizo» y sumar un nuevo agravio en su política hidráulica en la zona, donde todavía se espera que se completen las instalaciones básicas pese al famoso canon establecido por la autonomía, que en 2010 introdujo un nuevo cargo en la factura con el objetivo, y también el compromiso, de ayudar a financiar los proyectos que quedan por ejecutar en Andalucía. Un dinero, de obligado uso, al que se suma otra tasa de recaudación, la de derecho de vertido, que es la que la administración cobra a las localidades que carecen de desaladoras y que se ven obligadas a seguir desaguando en el río. En este caso, muchas del Guadalhorce y las del Valle del Genal, que son las que ahora supuestamente se enfrentan además a las multas. «¿Cómo pueden enviar a inspeccionar estos municipios a sabiendas que las autoridades competentes aún no han construido las depuradoras», se pregunta la organización.

El foro no precisó cuáles son las localidades que están recibiendo las sanciones. La Junta, por su parte, y también consultada por este medio, declinó hacer declaraciones.

De acuerdo con Antonio Aranda, gerente de Aehcos y coordinador de la plataforma prosaneamiento, son varias las intraestructuras programadas que aún no han entrado en funcionamiento en la provincia. Las más relevantes, por su futura influencia, la red de pequeñas depuradoras del Valle del Genal, que están catalogadas como prioritarias tanto por el Gobierno como por la Junta, de manera que a los miembros del foro no les queda muy claro qué administración tiene que asumir los costes y concluir la infraestructura. «Lo último que queremos es una guerra política y que se deje sin finalizar», resaltó.

También destaca por su peso la depuradora de Guadalmansa, en este caso finalizada, pero sin rendir a pleno rendimiento debido al mal estado de los colectores de la zona, que impiden que a la instalación reciba el caudal de agua apropiado para cumplir con eficiencia su tarea de tratamiento y limpieza de residuos. A este respecto se refiere Luis Callejón, presidente de la patronal hotelera, que demanda una profunda puesta a punto. «No se pueden mantener unos conexiones de hace treinta años cuando la población se ha multiplicado y las necesidades ya no son las mismas», indica. La Junta ha invertido de momento únicamente 143 de los 323 millones obtenidos a través del canon específico para obras aplicado a la factura. La administración regional reclama a su vez más implicación al Gobierno, responsable de los proyectos de Nerja y Estepona.