El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha explicado esta mañana a los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia su ambicioso plan de choque contra la avalancha de demandas por cláusulas suelo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabara con el límite a la retroactividad de lo pagado de más en las hipotecas, fijado por el Supremo en mayo de 2013. Ello supondrá un gran volumen de acciones judiciales, pues sólo en la provincia hay entre 50.000 y 100.000 personas con cláusulas suelo que tendrían que percibir en torno a 1.000 millones de euros, según los expertos.

El plan de choque contempla fundamentalmente especializar un juzgado de Primera Instancia por provincia, de forma que el que se ofrezca voluntario o, en caso contrario, el que esté más descargado, asumirá estas funciones que son exclusivas pero no excluyentes, es decir, que tendrá que seguir haciendo frente al resto de casos. "Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de estos para dar salida al resto de asuntos de otra naturaleza", dice el Poder Judicial, por lo que se adoptan medidas de carácter urgente, anticipándose así "a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para una atribución a unos órganos judicial es concretos".

El día 21, el consejo reunirá a los jueces decanos para explicarles esta medida. Entre las vías de trabajo, el CGPJ contempla también el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las administraciones territoriales competentes, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia, así como la asignación de medios materiales. Asimismo, el Órgano de Gobierno de los jueces plantea la posibilidad de adscribir a estos órganos Jueces de Adscripción Territorial (JAT), que además serán formados específicamente en la materia para garantizar resoluciones de más calidad y menores tiempos de respuesta.

El CGPJ explica además que es positivo evitar que otros órganos se vean afectados por esta marea de demandas, dado que los tiempos de respuesta en otros litigios se dilatarían. Habrá más seguridad jurídica y unidad de criterios, evitando así que haya resoluciones judiciales contradictorias de órganos que ocupan el mismo pasillo en los edificios.

El asunto tiene tal dimensión que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido esta mañana en el Congreso de los Diputados que se van a concentrar las demandas en órganos únicos uniprovinciales, y que para ello se aprovechan los mecanismos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé la posibilidad de que las demandas que se presenten puedan concentrarse en una sola oficina. "El juzgado podrá ser reforzado con tantos recursos como sean necesarios en función de la carga de trabajo", ha dicho el ministro.

"Todo ello permitirá que las demandas que se presenten tengan una organización específica, juzgados provinciales dedicados a ello exclusivamente y, por tanto, confiamos en ser capaces de que haya una solución eficaz por vía extrajudicial y también en vía judicial".

Catalá ha recordado que la sentencia del TJUE obliga a las entidades financieras a devolver el dinero cobrado indebidamente por cláusulas abusivas como las denominadas suelo de las hipotecas, lo que "ha puesto encima de la mesa una realidad compleja que afecta a un buen número de ciudadanos españoles"

A los juzgados llegarán los casos que no se solucionen en el sistema extrajudicial ideado por el Gobierno en enero, una vía "ágil y sin coste para los ciudadanos", ha precisado. Al titular de Justicia le consta que "las entidades bancarias ya están poniéndolo en marcha y me consta que Bankia y algunas otras más han declarado que ya están funcionando y llegando a acuerdos con sus clientes sabiendo que es un sistema voluntario para los ciudadanos que siempre tendrán la tutela judicial posteriormente". El consejo también piensa que buena parte de las demandas se solucionará en esta vía.

Hay que tener en cuenta que sólo el 20% de los malagueños con cláusulas suelo ha llevado a las entidades a los tribunales. Por cierto, algunos bancos siguen poniendo problemas a los consumidores a la hora de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, recurriendo por ejemplo la retroactividad en segunda instancia o asegurando que la sentencia del TJUE no les afecta, puesto que sólo atañe a cuatro bancos. Los expertos en consumo también han denunciado que es difícil llegar a acuerdo extrajudicial porque algunas firmas financieras no hacen más que poner trabas.

Por último, el Supremo estudiará hoy el primer recurso relativo a una sentencia sobre cláusulas suelo después de la resolución del TJUE, que obligará a los bancos a devolver todo lo cobrado de más por esta condición incluida en algunos contratos hipotecarios.