Una persona transexual necesita atención primaria del médico de cabecera y un endocrinólogo para recibir un tratamiento de hormonas. Sin embargo, esto no ha funcionado siempre así. Antes era el psicólogo el que daba luz verde para comenzar el tratamiento y ahora este paso deja de ser obligatorio.

En febrero se publicó un protocolo sanitario de asistencia a personas transexuales que, según la Consejería de Sanidad, «se ha puesto en marcha de forma progresiva desde la aprobación de la ley de 2014». Esta nueva normativa da las pautas a seguir a profesionales sanitarios, además pretende despatologizar la transexualidad eliminando la necesidad de diagnóstico para acceder al tratamiento.

Con el protocolo queda garantizada la atención a menores transexuales en el momento en el que el profesional determina que necesitan los inhibidores hormonales. El fin es que la atención sea de calidad, pero, aunque el protocolo dé instrucciones para que así sea, hay cuestiones que impiden dicha calidad. Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), apunta que son necesarios pediatras endocrinos en todas las provincias, profesionales formados, listas de espera para intervenciones quirúrgicas con tiempos limitados, así como aumentar el número de consultas.

El nuevo itinerario que siguen los profesionales para recetar hormonas o hacer intervenciones quirúrgicas descarta el diagnóstico y no tiene limitaciones por la edad del usuario. En primer lugar hay una consulta con el médico de cabecera o pediatra, donde el profesional proporciona información sobre las opciones de tratamiento. Más tarde se deriva al especialista endocrinólogo que, y con una serie de pruebas que garanticen la salud física, diagnostica los fármacos con el correspondiente seguimiento posterior.

Para su elaboración, según la consejería, han participado expertos en distintas disciplinas sanitarias y asociaciones de transexuales. Mar Cambrollé, dice que se ha tenido en cuenta en algún aspecto su opinión, «aunque no hemos colaborado como a mí me gustaría».

La finalidad del protocolo es que el desarrollo de la identidad de género sea saludable, aunque existen algunas contradicciones en la asistencia sanitaria que se proporciona en Andalucía. A pesar de que la ley hable de «descentralización de la atención con unidades específicas en todas las provincias para evitar desplazamientos», sólo se da asistencia pediátrica en tres provincias andaluzas y únicamente se pasa consulta un día a la semana. Es decir, que recibir un tratamiento de hormonas o inhibidores hormonales puede significar meses de espera. Mar Cambrollé asegura que esto supone «un atentado contra la calidad de vida de las personas transexuales».

La ley aprobada en 2014 establece que la Consejería de Salud, dentro de las competencias que tiene, crearía una unidad de coordinación y de información para toda Andalucía. Sin embargo, Cambrollé señala que se han creado ocho Unidades de Atención a Personas Transexuales (UAPT). Es decir, que mientras la ley apoya «la universalización de las prestaciones», con el fin de que no se identifique un «trato específico», se crean ocho unidades. Para Cambrollé esto se traduce en discriminación: «Sí, necesitamos especialistas con formación en transexualidad, claro está, pero son los endocrinos los que tienen que formarse». Además, reitera que la creación de estas ocho unidades es algo ilegal y apunta que los tratamientos que necesita una mujer o un hombre transexual son los mismos que puede necesitar una persona no transexual por problemas de fertilidad o disfunción eréctil. «Ellos no son derivados a una unidad especial», dice.

Calidad y formación

«Necesitamos calidad de atención, información de los profesionales sanitarios y también tiempos limitados para las listas de espera para nuestras intervenciones». La presidenta de ATA afirma que «de cada diez intervenciones quirúrgicas, ocho se realizan en la privada puesto que las listas de espera son desesperantes».

En su opinión, esto también atenta contra la calidad de vida de las personas transexuales: «Un chico trans que se ha sometido a un tratamiento hormonal y desarrolla vello facial y voz grave necesita una mastectomía rápida porque un chico con las mamas llenas de vello no va a una piscina o a un gimnasio, ni va a desempeñar algunas profesiones. Por lo cual, estamos limitando la calidad de vida y de vivir en igualdad como cualquier joven de su edad», añade.

A pesar de la ley, la asistencia en Málaga, en la Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) -aunque fue pionera en España y Andalucía hace 15 años-, sigue siendo binaria y patológica. Es decir, las personas no binarias (que no se identifican con el género hombre o mujer) no tienen acceso a hormonas al no cumplir con el estereotipo de transexualidad.

Nelliel Sánchez, transexual no binario malagueño, acudió en varias ocasiones a la UTIG: «No te dan las hormonas si no odias tu cuerpo, retrasan el tránsito lo máximo posible y los no binarios nos vemos obligados a fingir identificarnos con un género para cumplir con su lista de estereotipos».