06 de marzo de 2017
06.03.2017
Tribunales

Los jueces ven muy beneficioso para la banca el plan sobre cláusulas suelo

Los magistrados de Primera Instancia piden que no se aplique el proyecto porque se colapsarían los juzgados, lo que supondría que los afectados tardarían cinco o seis años en tener una sentencia

06.03.2017 | 05:00
Imagen de la Ciudad de la Justicia de la capital, sede de los órganos de Primera Instancia.

La pelota está en el tejado de las comunidades y del Ministerio

  • El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un plan urgente para parar la avalancha de demandas de cláusulas suelo, pero son los jueces decanos los que han metido las cabras en el corral a su órgano de gobierno, porque el dinero sale fundamentalmente de las comunidades autónomas, que pagarán las nóminas de los funcionarios de refuerzo y los medios materiales, y del Ministerio de Justicia, que hará frente a la remuneración de los secretarios. De ahí que el propio consejo considere inaplicable el plan si no llega el dinero. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, considera que ese plan no es necesario y que todo podría articularse a través del mecanismo de reclamación que ha puesto en marcha el Gobierno.

Exigen la creación de órganos bis con seis funcionarios, jueces de adscripción territorial y secretarios de refuerzo que trabajen al margen de los 15 existentes en la capital

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), preocupado por la previsible avalancha de demandas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que acabó con la limitación de la retroactividad de la cláusulas suelo –fijada en mayo de 2013–, propuso llevar a cabo un plan de urgencia consistente en especializar en la materia uno o varios órganos por provincia con los medios suficientes. La fiesta la pagarían las comunidades y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ese plan se encontró con la oposición de los jueces decanos españoles y el Poder Judicial emitió una nota diciendo que sólo se podría llevar a cabo el proyecto con los medios necesarios. Las juntas de jueces de Primera Instancia de Valencia y Sevilla habían rechazado antes el plan, lo que también hicieron los togados de Primera Instancia de Málaga. Si se pusiera en marcha, dicen los magistrados, se beneficiaría a los bancos.

No en vano, este periódico ha tenido acceso al acta de la reunión, a la que asistieron los 15 titulares de Juzgados de Primera Instancia de la capital con competencias en la materia, un documento que recoge razonamientos muy contundentes.

Así, solicitan que el plan de urgencia no se aplique, o que se paralice al menos en el caso de Málaga, porque con la carga de trabajo que existe aquí ya «colapsaría prácticamente de forma inmediata al juzgado o juzgados de Primera Instancia» que se especializaran para esta iniciativa. «Ello llevaría a miles de ciudadanos, que han sido víctimas de cláusulas de suelo abusivas, a una situación absolutamente intolerable e incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto que tendrían que esperar cinco o seis años desde la presentación de la demanda para obtener una respuesta judicial a su reclamación» por parte de los juzgados colapsados, dicen los togados.

Asimismo, de aplicarse el plan se llegaría, en partidos como el de Málaga, «a un resultado contrario al pretendido por el CGPJ, en la medida que dicha aplicación tendría un único y exclusivo beneficiario: las entidades bancarias que introdujeron, en perjuicio de miles de ciudadanos y de forma abusiva, cláusulas suelo en las escrituras que firmaron los consumidores». Estas entidades, señalan los togados, una vez que han conocido la sentencia del TJUE, podrían «demorar sin justificación alguna cinco o seis años la devolución de las cantidades cobradas indebidamente» a los perjudicados con «el único pretexto de estar esperando a que el juzgado o juzgados, que están conocimiento de los procedimientos y que precisamente se encontrarían colapsados por la aplicación del plan, se pronuncien mediante el dictado de las correspondientes sentencias».

Reseñan los togados que este es un procedimiento de tramitación compleja, que ya están colapsados, que en las demandas no sólo se ataca a las cláusulas suelo, sino a otras condiciones abusivas del contrato, y que los bancos no llegan a acuerdos durante la tramitación del procedimiento.

Si se aplicase el plan, se colapsarían de inmediato uno o varios juzgados de Málaga, porque los que se encarguen de ello también tendrán que seguir resolviendo los asuntos generales. Sólo en 2016, entraron 1.134 demandas de esta naturaleza, un número que se multiplicará por cuatro. Si se opta por especializar un sólo órgano por partido judicial, este llevaría él solo 6.100 demandas. Si se especializasen varios, todos se colapsarían, ya que cada uno llevaría 3.850 demandas. Si se especializase un órgano por provincia, la carga de trabajo ascendería a 15.000 demandas.

Así, proponen crear juzgados de Primera Instancia bis, es decir, adicionales a los 15 que tienen competencias en esta materia, de forma que en cada uno de ellos haya siete funcionarios de refuerzo designados por la Junta, un letrado de la Administración de Justicia nombrado por el ministerio y un juez de Adscripción Territorial (JAT). «Dichos juzgados bis, que se crearían en número suficiente, exclusivamente conocerían de las demandas relativas a cláusulas suelo que a partir de junio de 2017 se presenten en el Juzgado Decano de Málaga o, en su caso, en la provincia –en este caso su número tendría que ser mayor», aseguran los magistrados civiles de la capital, ya que de esa forma «se daría una respuesta adecuada a las reclamaciones que formulen las víctimas de las cláusulas suelo abusivas y no se colapsaría ninguno de los juzgados de Primera Instancia ya existentes en el partido judicial de Málaga».

Los togados dicen ser conscientes de que, desde que el TJUE se pronunció en diciembre al respecto, previeron la avalancha de demandas y, por tanto, es necesario adoptar esas medidas. Todos y cada uno de los juzgados malagueños de Primera Instancia ya posee una carga de trabajo «absolutamente excesiva» y, de esta forma, se va a proceder con el plan a «colapsar de forma prácticamente inmediata uno o varios de los juzgados». Así, incluso, llegan a calificar de «irrelevante» el número de órganos que se especialice.

De cualquier forma, este acta, fechada el 13 de febrero, es anterior a que el CGPJ asegurase que el plan no se aplicaría si no se garantizan los medios adecuados.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook