La Diputación de Málaga decidió por fin, después de varios episodios de intercambio de acusaciones entre los diferentes grupos políticos, hacerse cargo de los desperfectos que atesora el centro de discapacitados Guadalmedina. Lo hizo por la voluntad del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, con hasta tres mociones sobre la mesa para impulsar las mejoras en dicho centro. Pero no fue el equipo de gobierno popular el único que se vio obligado a aceptar el compromiso. El pleno también reclamó a la Junta de Andalucía que asuma las responsabilidades que le corresponden en relación a la atención de los 35 usuarios del centro.

Para llegar a este punto, hizo falta una moción presentada de forma conjunta entre PSOE, IU y Málaga Ahora, y en la que se instaba al equipo de gobierno a contratar el personal necesario para atender «de manera adecuada» a los usuarios del centro y cubrir las bajas profesionales. En este sentido, se acusó al equipo de gobierno de utilizar sistemáticamente contratos por circunstancias de producción para parchear las necesidades. Salió adelante la moción con 16 votos a favor y 15 en contra. A instancias de esta moción, se tendrán que hacer fijos a la psicóloga, la trabajadora social y al fisioterapeuta del centro.

En el pleno, endurecido por las constantes críticas, destacaron las palabras que dirigió el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, al presidente de la Diputación, Elías Bendodo. «Me avergüenza políticamente que quiera seguir gestionando la plaza de toros y no un centro de discapacitados», exclamó, hasta llegar a decir que Bendodo «no es el presidente que se merece esta Diputación».

Unas acusaciones que fueron repeladas por la diputada responsable del ramo, Lourdes Burgos, que acusó a Conejo de practicar una política «bajuna y rastrera». «La mentira se descubre pronto», defendió, en este sentido, que la Diputación invierte en el caso del centro del Guadalmedina unos 93.000 euros por usuario. En este debate enrarecido, hubo, sin embargo, unanimidad para instar a la Junta a asumir las responsabilidades que le competen. En concreto, tendrá que concertar plazas en centros de atención especializada de la Diputación, en aplicación de la ley de Dependencia. Quedó rechazado, sin embargo, que el equipo de gobierno se comprometa a no externalizar ningún servicio del centro Guadalmedina. En todo caso, los populares rechazaron de lleno las acusaciones y Burgos recordó la inversión que se está realizando para mejorar las instalaciones y justificó algunas deficiencias asegurando que se trata de un edificio que «es muy antiguo».

Por su parte, Teresa Pardo, de Ciudadanos, lamentó el hecho de que se esté «politizando» este asunto y señaló al respecto que «la falta de diligencia del equipo de gobierno ha sido constante, pero también el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía».

Coincidieron, en sus puntos de vista, la diputada de IU y la portavoz de Málaga Ahora, Teresa Sánchez y Rosa Galindo, a la hora de criticar tanto al PP como Ciudadanos.

Para ambas formaciones, la Diputación persigue el objetivo de deshacerse del centro. «Usted lleva su batalla por libre pero el objetivo es la desaparición de este servicio provincial y público, igual que hicieron con la guardería de la Diputación, la escuela de Enfermería y la residencia de Colmenar, dijo la diputada de IU, Teresa Sánchez, en alusión a lo expresado por Pardo.