El letargo a la hora de confeccionar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 se vio reflejado en la aportación que realiza el Gobierno central a la provincia y que confirmó el mismo patrón poco favorable para Málaga que ya se inició en 2015: unos presupuestos a la baja, continuistas, y en los que el grueso del montante será devorado por proyectos que ya se iniciaron en el pasado. Quince meses después de las primeras elecciones generales, con las consabidas dificultades para la formación del Gobierno incluidas, Málaga salió ayer de la provisionalidad de los presupuestos prorrogados con una inversión total por parte del Estado para 2017 de 136 millones de euros. Una nueva caída, esta vez del 43% si se compara con las últimas cuentas, que hay que sumar al descenso del 10,7% que ya se registró en las inversiones para Málaga en 2015.

Las cifras son magras y no darán lugar a grandes hitos. La mayoría del presupuesto está dedicado a empresas y sociedades estatales como Renfe, Adif, Acuamed, etc. De la inversión total de 103 millones de euros, unos 99 millones de euros van para cubrir proyectos ya iniciados antes de 2017. El desembolso previsto en nuevos proyectos supera escasamente los 4 millones de euros, aunque esto no signifique que no se concreten algunas iniciativas novedosas, sobre todo, en el apartado medioambiental. Aplicando la lupa, en la provincia destacan dos grandes partidas sobre el resto. La principal inversión son los 27,8 millones de euros para la línea de AVE Bobadilla-Granda, que vertebra el territorio por su ramal de Antequera.

La segunda más significativa son los 21 millones de euros que aporta el Estado al centro penitenciario de Archidona. Una aportación que podría garantizar su inminente apertura, cuatro años después de que se finalizaran las respectivas obras.

Otras partidas destacadas son el acceso norte al aeropuerto de Málaga con 6,4 millones de euros o los 2,1 millones de euros para continuar la construcción del Oceanográfico.

Sin embargo, el Gobierno vuelve a dar otra vez la espalda a una de las infraestructuras más demandadas de la provincia, como es la prolongación del tren hasta Marbella, donde las cuentas del Gobierno sólo contemplan 350.000 euros para este proyecto, lo que apenas dará para seguir con los estudios que está llevando a cabo la sociedad estatal Cedex.

En el apartado de infraestructuras también destaca la mejora de los accesos a Marbella que tiene reservada un millón de euros o los 1,7 millones de euros para el polo digital de la capital. Los proyectos citados anteriormente, tienen el denominador común de ser proyectos ya iniciados o que se han ido arrastrando, y que ahora han encontrado su reflejo en estos nuevos presupuestos.

También se incluyen en estas cuentas, que todavía tienen que ser aprobadas por una mayoría absoluta de diputados en el Congreso, el enlace de la A-7 de Fuengirola con una partida de 500.000 euros.

Después de la ausencia en los últimos presupuestos, la remodelación de los Baños del Carmen aparece ahora con la misma cantidad. Otro proyecto de la capital que cuenta con 600.000 euros, es el de la prolongación del paseo marítimo de Poniente. Aparece también en las cuentas provincializadas la mejora del enlace de la autovía A-7 en Benalmádena. En concreto, el tramo a la altura del Arroyo de la Miel. En este caso, se trata de una actuación que ha sido reclamada en reiteradas ocasiones por los vecinos y el Ayuntamiento de Benalmádena por lo que se han reservado unos 422.000 euros para iniciar estas obras.

El Ministerio de Cultura prevé para la Biblioteca Pública del Estado en San Agustín unos 100.000 euros. Una cantidad ínfima que no permitirá soñar con la apertura inmediata de este centro.

Para Carolina España, diputada del PP de Málaga, y encargada de valorar las cuentas para la provincia, se trata de «unas cuentas realistas, centrados en dar continuidad a los proyectos que la provincia necesita, además de afianzar la recuperación, crear empleo y una mayor protección social». Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, lamentó que «el Gobierno de Rajoy ha vuelto a situar a Málaga a la cola de la inversión de España» y resaltó que a la provincia le llega «un mísero 1% de la inversión total en España». El secretario general de Podemos en Málaga, Alberto Montero, aseguró que estas cuentas «nos anclan al modelo productivo del que precisamente queremos salir».