­Las trabajadoras de las guarderías de Málaga, alrededor de 15.000, están llamadas hoy y mañana a dos jornadas de huelga consecutivas convocadas por los sindicatos para protestar contra el nuevo decreto autonómico que regula al sector. Una medida, la del cambio legislativo, que está previsto que sea aprobada esta tarde por la Junta y que, según CCOO, envilece todavía más «las ya deficientes» condiciones laborales de los centros, donde la mayoría del personal sigue siendo femenino, con una cuota del 95 por 100.

La movilización, anunciada simultáneamente en toda la región, afecta en Málaga a un total de 299 guarderías ( 206 privadas, 80 municipales y 13 gestionadas directamente por la administración andaluza). Además, no se restringe al plantel educativo, abarcando también en su llamada a los equipos de comedor, limpieza y seguridad. De acuerdo con CCOO, la consecuencia directa de la aprobación del decreto será sacar las plazas a concurrencia competitiva, con rebajas de hasta el 15 por ciento sobre un coste por plaza que ya estaba en entredicho y sin revisar desde 2009.

El sindicato insiste en que la nueva norma establecerá asimismo y de forma «tácita» el llamado cheque escolar, «que fomenta la mercantilización de esta etapa educativa cunado la LOE y la LEA restringen las ayudas a la ausencia de ánimo de lucro». Ello conllevará, según CCOO, dificultades para las empresas más cumplidoras laboralmente y con plantillas más estables, pues se exigirá un esfuerzo aún mayor a su personal para poder competir y mantener las mismas condiciones, «facilitando un trasvase de alumnado que pondrá en peligro los empleos y su estabilidad al generalizar un situación de competencia desleal entre los centros y sus trabajadoras», razona.

El recelo de los representantes de las trabajadoras no es el único argumento en contra al que se enfrenta la nueva norma de la Junta, que tendrá que lidiar hoy en el Parlamento con la descarga crítica de varias de las fuerzas políticas. El PP ya alertó ayer que votará en contra de la medida, que considera contraria a los intereses de las familias. Los populares pidieron al Gobierno Andaluz que escuche al sector y se mostraron molestos por la actitud de C´s, que ha apostado por respaldar la iniciativa. «Ciudadanos sólo ha conseguido la corrección de errores», señaló la portavoz del partido, Carmen Crespo. Para la formación la ley aumenta las plazas «pero a costa de bajar la bonificación a quien ya la tiene». «Será perjudicial para la conciliación de la vida familiar y laboral», añadió Crespo.

«Hasta ahora, cualquier padre o madre podía pedir el ingreso en una escuela infantil en cualquier momento del curso, pero eso no será posible con el nuevo decreto, ya que sólo habrá convocatoria extraordinaria si lo permiten los recursos», prosiguió la dirigente popular.

Tampoco le resultará fácil a la Junta convencer a Podemos, que insiste en que las correcciones introducidas al proyecto son únicamente «cosméticas».

«Es intolerable que el PSOE, con tal de aprobar el decreto ley, solo se siente a negociar con el partido sumiso de Cs y se olvide, rechace y niegue esta oportunidad de diálogo al resto de fuerzas y, lo más importante, a los colectivos que llevan mucho tiempo reivindicando abordar este tema, que son quienes van a sufrir este recortes», indicó la portavoz de la formación morada, Libertad Martínez. Podemos considera igualmente «bochornoso y ridículo» el acuerdo alcanzado con C´s para aumentar la partida presupuestaria de este ámbito en un 3 por ciento pues, según Podemos, para mantener el servicio como está hoy, con la ampliación prevista, «se estima necesario más de un 15 por ciento, y si además se tiene en cuenta el incremento del IPC en el coste de la plaza, se requiere incrementar un 25 por ciento el presupuesto».

En vísperas de su aprobación, la consejera de Educación de la Junta, Adelaida de la Calle, salió públicamente en defensa del proyecto, que, según dijo, va a propiciar el aumento de la oferta de plazas -en alrededor de 14.500- y a ayudar a las familias. De la Calle insistió en que la norma se inspira en el principio de justicia social y responsabilidad y que permitirá que haya escuelas infantiles en municipios donde hasta ahora no existe oferta.