La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, respondió ayer, tras conocerse que el Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga, mantiene el embargo del antiguo edificio de Correos a la Junta, que están estudiando por qué no se han atendido algunas de esas alegaciones y volverán a reunirse con representantes de la institución supramunicipal. Así, insistió en que las cantidades «que reconozcamos durante este año se abonarán y aquellas que creamos que no son de justicia se reclamarán por las vías judiciales oportunas».

En concreto, Montero detalló que se estudiarán, ya que no se han atendido algunas de las alegaciones que se habían planteado por parte de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga. «Nuestra idea -agregó- es que en el momento en que eso lo tengamos estudiado, volver a reunirnos» con la Diputación. Así, señaló que «aquella parte de la deuda que está conciliada que entendemos que es justa y que corresponde, durante este mismo año procederemos a abonarla; y aquella que entendemos que es una deuda que no es reconocible por parte de la administración de la Junta, pues evidentemente no descartaremos ir al contencioso administrativo para defender los derechos de la Hacienda pública».

No obstante, la consejera andaluza insistió en que «no me parece que el modo de relación y la dinámica de funcionamiento entre administraciones sea vía embargo», añadiendo, al respecto, que «tenemos deudas muy importantes que los ayuntamientos adeudan a la Comunidad y no procedemos a los embargos de edificios ni de instalaciones públicas». «Nos parece que ese no es un camino que haya que seguir y por tanto yo sigo instando al diálogo», manifestó, reiterando que «no creo que sean los mecanismos de embargo ningún elemento para poder posibilitar una acuerdo que tiene que ser por ambas partes, porque al final se habla de dinero de los ciudadanos».

El Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga, mantiene el embargo notificado el pasado 23 de septiembre de 2016 de parte del antiguo edificio de Correos, propiedad de la Junta de Andalucía, tras rechazar la mayoría de las alegaciones presentadas por el Gobierno andaluz al respecto. El organismo informó al Gobierno autonómico del embargo de parte del inmueble de Correos de la avenida de Andalucía por las 8.077 deudas por valor de 8.767.941,29 euros que la Junta tenía con la institución supramunicipal en 75 municipios.