Es para echarse a temblar la idea de que Málaga pudiera albergar un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Es una barbaridad seguir privando del derecho a la libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una infracción administrativa. Habría que optar por alternativas más respetuosas con los derechos fundamentales. Se encierra entre los muros de los CIE a hombres y mujeres que llegan con expectativas de una vida mejor para ellos y sus familiares. Se detiene en estos centros a personas que llegan a nuestras costas huyendo de situaciones políticas y sociales muy desfavorables en sus países de origen. Lamentablemente, un buen número de las personas solicitantes de asilo que han llegado al puerto de Málaga en los últimos meses ha terminado, también, detenida en estos centros, a pesar de las denuncias de numerosas instituciones.
No tiene sentido crear nuevos centros, tal como anunció el 4 de abril el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el argumento de que son necesarios y se inscriben en la política migratoria de la UE. Bajo ningún concepto es necesario privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Además, hacer girar la política migratoria en torno al encierro y la expulsión de las personas migrantes es, sin duda, la peor de las soluciones. De hecho, la Ley de Extranjería prevé medidas alternativas al internamiento en los CIE que, en el marco de una política migratoria respetuosa con los derechos humanos, deberían convertirse en prioritarias, como puede ser la presentación periódica de las personas en la comisaría, la retirada del pasaporte o la exigencia de residencia de los migrantes en una determinada comunidad.
Por otro lado, y como argumento de peso, los CIE ni siquiera cumplen la función para la que dice el ministro que sirven. Dos de cada tres personas que son internadas en estos centros salen en libertad, lo que demuestra su ineficacia y el sinsentido de dedicar recursos públicos a la creación de nuevas instalaciones. Antes de decidirse a abrir nuevos centros el Gobierno tendría que abordar el cierre de los existentes y, en todo caso, transitoriamente, acometer una profunda remodelación de los mismos: garantizar que tengan una arquitectura sin impronta penitencia como los actuales, que sean más abiertos y transparentes a la sociedad civil, y que estén custodiados por funcionarios civiles y no por agentes de la policía como hasta ahora.
Málaga no puede, bajo ningún concepto, albergar un nuevo CIE. La capital malagueña fue la primera ciudad en declararse libre de Centros de Internamiento de Extranjeros. El pleno del Ayuntamiento aprobó el 26 de febrero de 2015 por unanimidad una moción institucional rechazando la apertura de un nuevo centro CIE en la capital.
Es inevitable recordar las situaciones de sufrimiento y los conflictos tan importantes que tuvieron lugar en el CIE malagueño de Capuchinos. Cerró en junio de 2010 debido a su estado ruinoso y tras más de dos décadas en las que organizaciones sociales como Málaga Acoge no dejaron de denunciar las situaciones que sucedían entre sus muros. Desde las más graves -como los incendios, suicidios o la acusación a cinco policías, finalmente absueltos, por supuestos abusos sexuales a las mujeres internas- hasta el padecimiento de las miles de personas (y sus familias) que fueron encerradas en el mismo. Asusta pensar que podamos volver a vivir situaciones tan dramáticas como aquellas.
La huella que dejaron alimenta, sin duda, el rechazo social que existe en nuestro tierra hacia los CIE. La sociedad malagueña en su conjunto, a través de su tejido social primero pero, también, a través de sus instituciones -la Diputación de Málaga esta semana y el Ayuntamiento de Málaga en los próximos días- han expresado muy claramente que no quieren los CIE. Pero este rechazo va mucho más allá que una negativa, es una llamada de atención desde el ámbito local, el más cercano a la ciudadanía, para que se desarrolle otra política migratoria, verdaderamente respetuosa con los derechos humanos.
Esperamos, por tanto, que esta llamada -que también se ha lanzado desde otras ciudades como Barcelona o Valencia- sea escuchada y atendida. En primer término, y en lo que toca a nuestro ámbito más próximo, por el Parlamento y el Gobierno andaluz, para que se manifiesten no sólo rechazando la apertura de nuevos CIE en Andalucía, sino también pidiendo el cierre del CIE de Algeciras.
Pero así mismo por los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados para que impulsen una proposición de ley para cerrar los CIE.
Porque esta es, sin duda, una de las medidas que permitirá valorar el verdadero compromiso con los derechos humanos de los responsables políticos de nuestro país.
*Rodríguez Candela es abogado y vocal del Área Social de Málaga Acoge
