Las viviendas vacacionales o aquellas que son propiedad de las entidades bancarias son las más perjudicadas por este tipo de movimiento, que afecta a una buena parte de las comunidades de vecinos de la Costa del Sol.
1. Intentar dialogar con los okupas
La primera reacción ante este tipo de situación por parte de las comunidades de vecinos debe ser intentar dialogar con los nuevos inquilinos. Sin embargo, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Fernando Pastor asegura que muchos de ellos no muestran interés en hablar, conscientes del vacío legal que existe en torno a esta temática. En el caso en que el diálogo sea imposible, la comunidad debe informar a la policía de lo que está sucediendo para que exista constancia del caso. «En alguna ocasiones, al ver aparecer a la policía se marchan», asevera Pastor.
2. Poner el caso en conocimiento del propietario
Las comunidades de vecinos de localidades como Estepona o Marbella deben poner en conocimiento del propietario la existencia de okupas en sus viviendas. En el caso en el que el responsable de la vivienda no quiera hacerse cargo del problema, la comunidad de vecinos debería iniciar trámites legales contra el propietario con el propósito de que cese «la actividad molesta».
3. Denuncia y trámites legales
La Ley de Propiedad Horizontal aún no reconoce la existencia de este tipo de movimientos por lo que, una vez que es consciente de la situación, el propietario debe poner una denuncia formal en comisaria e iniciar una demanda civil de desahucio por precario. Este tipo de trámites, según explica el presidente del colegio de Administradores de Fincas, Fernando Pastor, podría tener un tiempo de espera de más de un año en localidades costeras como Estepona.
4. Medidas de seguridad
Una vez puesta en marcha la vía legal, los vecinos deben iniciar algunas medidas de seguridad como la instalación de cámaras, alarmas e incluso la contratación de vigilantes. «En el caso en el que esto vuelva a ocurrir estas medidas permitirán demostrar que han entrado», comenta Pastor. Asimismo, el responsable de los administradores de fincas confiesa que estas medidas deben darse, sobre todo, durante los meses de invierno, cuando los okupas entran sabiendo que los edificios vacacionales reducen sus vecinos a menos de la mitad.
5. Actuaciones por parte de la Administración
El presidente de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Málaga, Cayetano Rengel es consciente de que no existen números en torno al movimiento okupa. La realidad, sin embargo, es otra bien distinta y Rengel comenta que debe ser la Administración la que se encargue de crear albergues o viviendas sociales capaces de impedir que se vuelvan a dar este tipo de situaciones. «La Administración no puede estar de espaldas al problema. De esto no se puede hacer cargo un particular», comenta.
6. No apoyar un movimiento ilegal
Consciente de que son muchas las asociaciones que apoyan este tipo de movimientos, Rengel insiste en que es una situación ilegal. «Este tema está muy candente. Hay asociaciones que promocionan la ocupación haciendo ver que es normal pero no es normal, ni legal», señala y añade: «Es cierto que muchas de estas personas tienen problemas pero de esto debe hacerse cargo el Estado».
