Málaga pidió la Agencia Europea del Medicamento y se quedó sin ella. También tuvo que ver cómo Sevilla quiso quedarse en exclusiva con la Cuenca Mediterránea en 2008. Ahora, la batalla es otra, esta vez por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el órgano que resolverá los recursos penales en segunda instancia de toda la comunidad. Pese a que la Sala de Gobierno del TSJA pidió la pasada semana que se desplazaran secciones de esa sala a Sevilla y Málaga, la Junta se ha alineado con Granada y pidió ayer al Gobierno central que la capital nazarí sea sede única.
La presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, y el juez decano, José María Páez, dieron una reciente rueda de prensa para exigir que una sala se desplace a Málaga, algo que han apoyado tanto el Colegio de Abogados como el propio alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, conscientes de que la capital de la Costa del Sol no puede permitirse perder más batallas político-administrativas: no es el peso del organismo en cuestión, es que los responsables de la ciudad se sienten orillados desde hace años en este tipo de guerras dialécticas que luego tienen su correlato en el peso socio-económico de la región.
El Gobierno andaluz defendió ayer que Granada debe seguir siendo la sede central del TSJA tras recordar que así lo establece el Estatuto de Autonomía y exigió al Ministerio de Justicia que respete la voluntad de los andaluces. Cabe saber si con andaluces se refieren también a malagueños y sevillanos.
«No entendemos la polémica que se está intentando montar cuando el Estatuto de Autonomía de Andalucía es claro», dijo el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Sala de lo Penal nace de la petición de la Unión Europea (UE) de crear una triple instancia penal -hasta ahora sólo había dos-. Esas funciones las debe asumir la Sala de lo Penal de los tribunales superiores de justicia. El problema es que Málaga genera, por sí sola, números suficientes como para tener su propia sección de la Sala de lo Penal -tres magistrados, uno de ellos presidente, un letrado de la Administración de Justicia y una decena de funcionarios-. Lo curioso es que Málaga ya es sede de salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, como Sevilla y Granada, por lo que una Sala de lo Penal sólo vendría a sumarse a algo que ya existe.
«Esta propuesta no respeta el Estatuto de Autonomía y, además, ha contado con una reacción contraria de la sociedad granadina», recalcó Vázquez, que anunció que el Gobierno andaluz va a transmitir al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia que Granada debe seguir ostentando la capitalidad judicial. Con Del Río lo tendrán fácil, porque él hizo un voto particular al respecto pidiendo que Granada continuase siendo la sede de la nueva Sala de lo Penal, para la que ya se han creado siete plazas.
La sociedad granadina ha cerrado filas en torno a lo que considera algo innegociable. El Ayuntamiento y el Consejo Consultivo de Andalucía mostraron ayer «el consenso y unidad» de las instituciones y no descartaron, sumándose a la posición de la Junta, presentar un recurso contencioso-administrativo si el Poder Judicial decide que Málaga y Sevilla sean también sedes de salas desplazadas.
El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, aseveró ayer que este tema «no es una cuestión de confrontación entre territorios, sino de defensa de la eficacia de la justicia» y del Estatuto andaluz, «que se ven amenazados por la decisión que pueda tomar el CGPJ».
El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, recordó que el Estatuto de Autonomía sitúa a Granada como «sede de la capital jurídica de Andalucía», sin perjuicio de que existan algunas salas, si bien «como excepción».
