El mensaje ya lo habían enviado, pero ayer lo destacado era la foto: 15 jueces de Primera Instancia de Málaga posaron junto al juez decano de la capital, José María Páez, en una imagen con la que pretenden rebelarse contra el plan aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la avalancha de demandas de cláusulas suelo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara que, si la cláusula es abusiva, los consumidores deben recibir lo pagado de más desde la primera mensualidad de la hipoteca. El proyecto del consejo pasa por crear un juzgado bis con un juez, un secretario judicial y cuatro funcionarios; Páez propone, como mínimo, cinco juzgados de esa naturaleza pero con seis funcionarios cada uno de ellos. Eso o los tiempos de respuesta de la justicia se prolongarán durante años.

«Pedimos como mínimo cinco juzgados bis, con seis funcionarios por órgano, lo que suma treinta empleados públicos, además de cinco jueces y cinco letrados de la Administración de Justicia», dijo Páez, mientras sus compañeros, colocados tras él en la sala número 4, la del caso Malaya, asentían. Para ello, no sólo el consejo debe dar el visto bueno, sino también la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en cuanto al personal.

El decano señaló que hay 50.000 malagueños con cláusulas suelo en las hipotecas, lo que significa que muchos de ellos van a demandar en los próximos meses. El plan debería entrar en vigor el 1 de junio, que es cuando finaliza el plazo dado por el Gobierno para que los bancos y los clientes llegaran a un acuerdo sobre el tema. A partir de ahí, temen los magistrados, llegará esa avalancha. «Si entra lo que está entrando, para un solo juez va a ser irresoluble», indicó, para insistir: «No es una solución viable». Además, recalcó, el juez que se encargue ni siquiera habrá acabado la formación en la Escuela Judicial de Barcelona ni será especialista en el tema. Y qué ocurrirá si uno de los cuatro funcionarios se va de vacaciones. «Son necesarios cinco juzgados con personal adecuado para empezar a poder hacer frente al problema con mínimo de garantía y dar una respuesta pronta y de calidad». Si no las sentencias se dilatarán durante años, lo que beneficia a las entidades financieras, señaló.

Retraso de años

«Van a esperar muchos años», dijo en referencia a los ciudadanos, cuyas expectactivas no quieren defraudar. «El diseño del plan parece razonable, pero al llevarlo a la práctica genera muchas dudas; vamos a ser incapaces por falta de medios». Es más, en su opinión lo ideal serían doce juzgados de Primera Instancia de nueva planta, no de refuerzo como se quiere hacer ahora con uno.

Dio algunos datos que reflejan el peso de estas demandas en las atascadas tuberías de la justicia malagueña: en 2015 entraron 1.200 demandas de este tipo solo en la capital; otras 1.200 llegaron a los juzgados de provincia y los mercantiles ya tienen 3.000 de antes esperando una resolución. A ellas se suman las 600 demandas llegadas hasta el 4 de mayo de 2017 a los juzgados. En total, hay más de 6.000 demandas tramitándose. En Mercantil, desde que llega y hasta que se fija la audiencia previa pasan cuatro años; en civil el tiempo hasta que hay sentencia de instancia es de dos. Esos números se multiplicarán sine die si sólo entra en vigor el plan con un único juzgado bis infradotado, estiman. Con ese plan, repitió, se van a defraudar las expectactivas que los ciudadanos tienen en sus jueces, porque la previsión es «errónea».

Ya hubo un pronunciamiento de la Junta de Jueces de Primera Instancia de Málaga en la que se informaba de su postura y se aludía a los beneficiados por esta situación: los bancos. «Nos preocupa esto, porque estos procedimientos se resuelven por juzgados con jueces con mucha experiencia y especialistas; ante la ausencia de jueces, porque en los últimos años no se ha repuesto ni la cuota de jubilados; ahora, habrá un juez que no ha terminado la formación en Barcelona; no es de recibo encargar la misión a una persona sin experiencia», relató el juez decano.Postura común

Los magistrados malagueños de lo Civil, que ayer recibieron el apoyo de sus compañeros de Mercantil, recalcaron que el plan puede tener éxito en provincias pequeñas, pero no en una como Málaga, con tanta carga de trabajo. De hecho, el juez decano destacó que la mayor parte de los magistrados están trabajando en el 150% del módulo, una sobrecarga importante; además de hacer llegar sus quejas por el conducto legalmente establecido, ayer las hicieron públicas para que la ciudadanía supiera la situación a la que se enfrentan.

El decano recalcó que esta situación no se da sólo en Primera Instancia, sino que también la están sufriendo en otras áreas, ya que, como recordó, él lleva años pidiendo 30 juzgados más para la capital con el fin de atender con garantías y en un tiempo prudencial los procedimientos.