08 de mayo de 2017
08.05.2017
Memoria histórica

Una comisaría con pasado de horror y cárcel

La jefatura de la Policía Local de La Rosaleda, que sirvió de cárcel de mujeres en la época franquista, fue declarada lugar de la memoria por la Junta

08.05.2017 | 15:24
Placa que luce en la entrada del antiguo cementerio de San Rafael.

Málaga cuenta ya con cuatro puntos recogidos en el catálogo de la administración autonómica como de especial protección

Tenía fama de ser una de las cárceles más empobrecidas y despiadadas. Un auténtico calvario. Incluido, para los funcionarios, que miraban el destino atemorizados cada vez que salía la papeleta para Málaga. En ese edificio, hoy ocupado por la Policía Local, en la avenida que conduce al estadio de La Rosaleda, fueron hacinadas y derrengadas cientos de mujeres. Algunas sin poder ver jamás de nuevo otra luz que el cañón filtrado y amenazante del patio. Y sin ningún reconocimiento, extraviadas en su doble condición de presas de la dictadura y de ciudadanas de segunda, desprovistas de la autoridad vital en exclusiva que entonces se le atribuía al hombre.

La historia, con sus solapamientos oficiales, siempre ha sido parca con estas mujeres. A excepción de los estudios dedicados por investigadoras como Encarnación Barranquero, nada recordaba lo que ocurrió en el presidio, sus vidas destrozadas. Por supuesto no la toponimia, ni el patio, ni las antiguas celdas. Una situación, la del olvido, que vivió ayer un punto y aparte con el reconocimiento oficial de las administraciones. Y el nombramiento, con su correspondiente inscripción, del edificio como lugar de pleno derecho en el catálogo de lugares de la memoria de la Junta de Andalucía, que podrá consultarse en internet a partir de hoy.

La declaración responde a una iniciativa aprobada en el Parlamento andaluz en 2013. Una medida de la que quedaba su aspecto más emocional y plástico, la colocación de la placa, a la que asistieron este lunes la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, además de una nutrida representación de cargos autonómicos y concejales de todos los grupos políticos y miembros de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica. El presidente de este colectivo, José Sánchez, comentó emocionado junto a la puerta de la antigua cárcel las condiciones que atravesaron varias generaciones de internas. Mujeres que, como señaló Aguilar, padecieron humillaciones, paseíllos, una demonización social que, de puertas para adentro, era acompañada a diario por hambre y torturas. En muchos casos, mortales.



La voz de todas aquellas presas se escuchó también en el cementerio de San Rafael, el mayor cadalso del franquismo, donde los mismos protagonistas descorrieron una inscripción similar. Con la incorporación del camposanto y de la cárcel de mujeres, que se suman al Peñón del Cuervo y a la prisión provincial, son ya cuatro los puntos de la ciudad reconocidos en el catálogo de lugares de la memoria. Una cifra que, según avanzó Aguilar, podría ampliarse próximamente con la incorporación de otros tramos del sendero de La Desbandá, la trágica huida hacia Almería, de la que se cumplen ochenta años.

«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». Estos versos de Pablo Nervuda aparecen en la placa de San Rafael, situada a escasos metros del monolito inaugurado para albergar los restos de las más de 2.800 personas exhumadas de las fosas comunes. José Sánchez insistió en que la declaración supone un «paso más» en la larga batalla por restituir la historia de los represaliados. «Le cortaron las alas, le cortaron las ilusiones, la vida, durante cuarenta larguísimos años vivimos sometidos a una dictadura y vuestros cuerpos permanecían en cunetas», señaló.

La consejera Aguilar recordó que la declaración de ambos lugares entronca con una política global de recuperación que tiene desde el pasado mes de marzo un nuevo marco, la ley autonómica de Memoria Histórica. La investigación de San Rafael, que se desarrolló entre 2006 y 2009, gracias al trabajo, entre otros, de investigadores como Francisco Espinosa, se produjo previamente a la aprobación de la normativa nacional, tras un acuerdo que implicó a la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento. «Debería servir de ejemplo para otras ciudades», sentenció el alcalde. La historia, al fin, llegó a la cárcel.

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