El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dará este martes un paso más, y ya se acerca a una posición de no retorno, en la polémica que mantiene con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en relación con el tramo del metro que unirá el Guadalmedina con el Hospital Civil cuya ejecución se aprobó en noviembre de 2013. El regidor malagueño había propuesto un metrobús para esta parte del itinerario dado cierto rechazo vecinal que existe al ir el suburbano en superficie. Este martes, los consejeros van a declarar de interés metropolitano la obra, que es un intento de blindar su construcción, dado que sobre el papel supone que se hará sí o sí pese a la oposición del Consistorio.

De cualquier manera, eso es sólo sobre el papel, porque fuentes autonómicas han insistido en que es necesaria la coordinación con el equipo de gobierno en aspectos básicos, como los cortes de tráfico o el desvío de servicios de agua, luz y gas por donde pase el metro hasta el Civil. Es decir, que debe haber consenso, pero es un paso más en la escalada de tensión, porque esta declaración permite por ejemplo que la adjudicataria no tenga que pedir una licencia obra o pagar las tasas municipales. "Es una salvaguarda", dicen las fuentes. Además, si se diera un futuro proceso judicial entre la Junta y el Ayuntamiento por el hecho de que no se ejecute este tramo, acordado en 2013 entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y De la Torre, esta declaración supone un aval de cara a la futura resolución jurisdiccional del conflicto. El paso definitivo será cuando el tramo salga a licitación pública, lo que ocurrirá en las próximas semanas. Será el punto de no retorno y el Ayuntamiento deberá definir si quiere coordinarse con la Junta para permitir la ejecución de ese tramo o no.

De cualquier forma, la declaración de interés metropolitano ya afecta a las dos líneas y ahora lo que se hace es extenderla hasta el Civil, dado que además había 40 millones de euros de dinero del Banco Europeo de Inversiones para 2014 con el fin de asegurar el inicio de las operaciones del metro. No iban destinadas exactamente a este polémico tramo, pero sí a la construcción completa del suburbano con el fin de aumentar el número de pasajeros, de facturación y, por tanto, su rentabilidad. Uno de los interrogantes es qué pasará con ese dinero, aunque lo normal es que se pierda.

Fuentes autonómicas recordaron que al llegar el metro al Civil y al Materno, donde no son sólo atendidos vecinos de la capital, la infraestructura adquiere una importancia supramunicipal que motiva a la Junta a presionar así al Consistorio.

El consejero de Fomento, Felipe López, ha sido claro en los últimos meses al respecto: "Va a ser una cosa con la otra, tanto la declaración de interés metropolitano como el inicio del proceso de licitación para adjudicar esa obra". No obstante, el consejero confió el pasado 3 de abril en que haya una entente cordial con el Ayuntamiento. "No era un problema de intransigencia de la Junta, en absoluto, el problema es que el alcalde, Francisco de la Torre, nos pedía, sin ánimo de que hiciéramos eso, nos planteaba, una manifiesta ilegalidad, que no podemos hacer", en referencia al metrobús propuesto por el regidor, que ha esgrimido en varias ocasiones el apoyo vecinal a su postura para oponerse.

El metrobús, insistió en abril López, "es insalvable", dado que supondría cambiar radicalmente una concesión administrativa. "En 2013 hay una reordenación, porque había un ramal que iba en superficie hasta La Malagueta, que al final el Ayuntamiento decide que no, y se llega a un acuerdo de que es sustituido por algo que tiene fundamento, que es hacia el Hospital Civil desde el Guadalmedina", precisó, para insistir en que es uno de los distritos más poblados.

"Tiene, aparte de significación social una deriva económica asociada", ya que, subrayó, "tiene que haber un cierto equilibrio, cuantos más millones de ciudadanos transportemos menos déficit se generará".

"Si sobre se eje de acuerdo, que había consenso, se rompe el acuerdo y el consenso, el Ayuntamiento es el que ha decidido que no fuésemos al Civil. No es absolutamente imperioso que esté todo el mundo de acuerdo siempre, pero si tiene razones poderosas para decir que las obras tal y como estaban previstas no se pueden hacer, no quiere que se hagan, nosotros pensamos que sí, que se deben mantener los acuerdos que sirvieron de base en 2013 a ese itinerario", aclaró. Eso sí, admitió que, de una forma u otra, la colaboración municipal era esencial y advirtió de que el Ejecutivo andaluz está dispuesto a llegar a los tribunales.