Siete personas han sido detenidas en Málaga acusadas de robar 2.000 metros cuadrados de pantallas acústicas de metal de la MA-20 por valor de 81.000 euros. Los arretados, de entre 21 y 34 años, cortaban el material para venderlo por piezas en una chatarrería del polígono Guadalhorce, donde un joven de 28 años ha sido arrestado como presunto autor de un delito de receptación.

Según ha informado hoy la Comisaría Provincial, la colaboración ciudadana ha sido clave para que los agentes detectaran un grupo criminal que repetía el mismo modus operandi en todos sus robos. Los investigados, que normalmente actuaban de noche, se desplazaban al lugar elegido a bordo de dos vehículos y cada uno de los ocupantes desempeñaba un papel. Mientras los que iban en un coche fracturaban el sistema de sujeción y seguridad de los paneles colocados en el arcén de la autovía para disminuir el ruido de los vehículos a su paso por zonas residenciales y los cargaban en los dos vehículos, los ocupantes del segundo realizaban funciones de vigilancia. Posteriormente troceaban las planchas robadas y las vendían al peso como chatarra. Las pesquisas permitieron averiguar que los investigados habrían sustraído un total de 2.000 metros cuadrados de paneles metálicos aislantes en el tramo de autovía de Málaga a Torremolinos -pasado el túnel de Carlos de Haya- valorados en más de 81.000 euros y que tras hacer trozos habrían vendido en una planta de material de desguace del polígono Guadalhorce donde los agentes han recuperado 350 kilos de hierro y 16 de aluminio procedentes de los hechos investigados.

De la misma manera, los agentes supieron que dos de los integrantes de la organización habían sido detenidos in fraganti en una vía pública de Fuengirola mientras sustraían cableado de una línea de telefonía. Abierta una nueva línea de investigación, los agentes pudieron comprobar que la red estaba detrás de un total de 19 robos de cables de teléfono que posteriormente era vendido al peso en chatarrerías de la capital. Hechos que habían causado daños en torno a los 155.000 euros a la empresa denunciante.