El tramo del metro de Málaga en superficie entre la avenida de Andalucía y el Hospital Civil ya es de interés metropolitano. Es un paso lógico dentro del proyecto, ya que ahora tiene la misma consideración que el resto de la red de metro. Pero también trae consecuencias de gran calado para el Ayuntamiento de Málaga, que mantiene su oposición a su construcción y que está buscando argumentos jurídicos para frenarlo. Con la declaración aprobada ayer por el Consejo de Gobierno se encuentra con más obstáculos y la obligación de definirse sobre el proyecto: o lo acepta o se niega y asume las consecuencias jurídicas.

La aprobación en Consejo de Gobierno de esta declaración de interés metropolitano apuntala la postura de la Consejería de Fomento, que no va a renunciar a este tramo, con el que se comprometió con la concesionaria y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el apoyo municipal en noviembre de 2013. Tres años y medio después está en condiciones de licitar la obra y adjudicarla. Su ejecución, en ese momento, dependerá de la buena disposición municipal. Su negativa a facilitar esta obra supondrá el inicio de un litigio para reclamar daños y perjuicios al Consistorio malagueño.

A efectos prácticos, esta declaración de interés metropolitano obliga a la Junta de Andalucía a su ejecución, mientras que le exime de obtener una licencia municipal y pagar las tasas e impuestos por obras. Esto le daría potestad legal para empezar la obra de forma unilateral, aunque la Consejería de Fomento entiende que no es posible sin consensuar un plan de tráfico, que es la clave que se reserva el Ayuntamiento de Málaga para frenar la ejecución del tramo del metro en superficie.

De fondo hay otro elemento a tener en cuenta, como es la oposición de una parte de los vecinos a este proyecto, al considerar que va a dificultar el tráfico y reducir el espacio para el peatón en algunos puntos, como en la calle Santa Elena. Este rechazo es al que se agarra el Consistorio para articular su bloqueo al proyecto, aunque formalmente no haya planteado ningún movimiento en esa línea. Por ahora, la oposición se ha centrado en proponer una alternativa con un carril bus (denominado metrobús) y algún informe de Urbanismo y Movilidad que ponen en duda el encaje del proyecto en la ordenación urbana y el tráfico de la ciudad.

Vía judicial

Si el bloqueo municipal a este tramo del metro se mantiene, lo más probable es que nos encontremos con una batalla judicial. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Málaga está intentando recabar argumentos legales en contra de la consideración de interés metropolitano, mientras que la Consejería de Fomento avanza en sus informes para justificar el encaje de este proyecto en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, una de las grandes críticas municipales.

De fondo está la amenaza de que este tramo acabe en los tribunales si finalmente es imposible de ejecutar. La Consejería ya ha recordado que este tramo fue aprobado por el Ayuntamiento en noviembre de 2013 en un protocolo que incluyó varios compromisos económicos con la concesionaria y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ente que ha aportado más de la mitad del dinero para la construcción del metro.

De no cumplirse las previsiones de kilómetros construidos y movimiento de personas se generarían unas pérdidas que la Junta reclamaría al Ayuntamiento como causante de estos perjuicios económicos y que se vería en los tribunales. Y la declaración de interés metropolitano sería clave.

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, confió ayer en que la aprobación del Consejo de Gobierno sea «un punto de inflexión» y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, «acabe teniendo el buen criterio de respetar lo que firmó en 2013». López confirmó que el propósito del Gobierno andaluz «es culminar lo que nos habíamos planteado de acuerdo con el Ayuntamiento».