IU ha iniciado una campaña a favor de la derogación de la disposición adicional 27 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Actualmente, es el matiz legal que impide a las diputaciones contratar a nuevo personal. Con su eliminación, IU persigue que la Diputación de Málaga recupere su capacidad para sumar nuevo personal a su plantilla en el caso de que se necesite.

En rueda de prensa, tanto Guzmán Ahumada como Teresa Sánchez, los dos representantes que tiene IU en la Diputación, advirtieron del peligro que, según ellos, se esconde detrás de esta disposición adicional y que no es otro que el camino directo hacia la privatización de muchos servicios que presta la Diputación. «Es una norma que elimina servicios públicos y deteriora los que quedan. Además, promueve el gran negocio de las privatizaciones, que es el nuevo boom», señaló Ahumada. «Ya se han eliminado la guardería municipal, la escuela de enfermería, la empresa de vivienda, la residencia de mayores de Colmenar, las oficinas territoriales de urbanismo y el centro de acogida de menores», prosiguió el también coordinador provincial de IU.

«Se ha privatizado la gestión del Caminito del Rey, que podría aportar grandes beneficios para otras muchas necesidades», tiró Ahumada de ejemplo.