Los constructores siguen muy descontentos con los niveles de inversión de obra pública en la provincia de Málaga, que pese a haber repuntado algo en 2016 y en estos inicios de 2017, siguen moviéndose en niveles «bajísimos» y lastrando el «relanzamiento» que el sector vive de la mano de su otra gran pata de actividad, el segmento residencial. El primer trimestre del ejercicio se ha cerrado con 68 millones de euros en obras licitadas por las distintas administraciones, cifra que duplica los 34 millones del mismo periodo de 2016. El 2016 ya se cerró con 187,7 millones en inversión y un aumento del 47% sobre el ejercicio anterior.
Los datos, sin embargo, no convencen nada a la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), teniendo en cuenta que en 2006, antes de la crisis, Málaga registró un récord inversor de alrededor de 1.500 millones. El presidente de la patronal, Emilio López Caparrós, admitió que volver a esos niveles es actualmente inviable pero sí reclamó que Málaga tenga un volumen acorde a su población y a su tejido productivo.
«Falta voluntad política. De los presupuestos deben eliminarse los gastos superfluos para destinar ese dinero a inversiones, que es lo que crea empleo. Habría que asegurar para Málaga como mínimo una inversión anual de entre 400 y 600 millones», apuntó. Con los datos de arranque de 2017, la proyección sería en este año sólo de unos 280. La obra pública, a su juicio, es también clave para generar nueva riqueza. «Hacen falta infraestructuras para atraer a nuevos residentes y nuevas industrias», dijo.
Esta carestía de inversiones provoca como efecto que las constructoras se vean obligadas a presentar ofertas cada vez más a la baja para competir por los escasos proyectos que se sacan a concurso. Las rebajas medias sobre el presupuesto inicial alcanzaron en 2016 el ??,6? en Málaga, cuatro puntos por encima de 2015, según la ACP. La bajada media alcanza el 36,4% en las obras del Estado, el 30% en las administraciones locales y el 24% en el caso de la Junta.
«Competencia feroz»
«La inversión es insuficiente y eso provoca una competencia feroz entre empresas provocando un derrumbe de precios, algo insostenible en el tiempo. Debemos presentar licitaciones realistas, cumpliendo los requisitos pero a un precio justo. Pedimos a las administraciones que vigilen. Queremos medidas para controlar esta ofertas desproporcionadas a la baja», apuntó. Por otro lado, la ACP informó de que en 2016 las empresas malagueñas se adjudicaron el 44,6% del total de obras licitadas. El resto quedó en manos de firmas de ámbito nacional. Los empresarios también pidieron «más agilidad» en las tramitaciones urbanísticas y en la concesión de licencias de obra y de primera ocupación.
Las reflexiones de la ACP se produjeron en el marco de una jornada empresarial celebrada ayer en Málaga donde sí se constató el «relanzamiento» de la edificación residencial de la mano de los inversores privados.
«El mercado inmobiliario se mueve con mucha fuerza. Hay una definitiva consolidación de la recuperación», apuntó López Caparrós. Los datos de venta de viviendas en Málaga en 2016 (casi 26.200, un 6% más que el año anterior) o de visados (más de 3.000, un 24% más) constatan la reactivación. La ACP dijo que actualmente se están construyendo 852 viviendas en la capital, 282 en Estepona, 227 en Benahavís o 173 en Marbella.
Los constructores advirtieron, eso sí, de la amenaza que supone el brexit sobre el valioso segmento del turismo residencial. Más de un tercio de las viviendas que se venden en Málaga son compradas por extranjeros y, dentro de este colectivo, los británicos son un pilar básico. La ACP reclama que a nivel comunitario se produzca «un proceso rápido de negociación que asegure el estatus de residentes», recordando que las recientes cifras del padrón del INE señalan que Málaga ha perdido 4.000 ciudadanos británicos en un año. López Caparrós dijo además que España tiene «desventajas fiscales» para estos residentes relativas a tributación de renta y patrimonio que, a su juicio, deben ser corregidas para competir con otros países.
En las jornadas, el profesor de dirección financiera de IESE, José Luis Suárez, dijo que Andalucía necesitará 20.300 nuevas viviendas entre 2017 y 2021 y otras 40.500 de 2022 a 2026 por la formación de nuevos hogares. El director general de Sociedad de Tasación, Juan Fernández Aceytuno, afirmó que la población de entre 25 y 35 ños está aún desaparecida del mercado por los bajos salarios y el paro y negó que haya riesgo de burbuja generalizada, aunque sí advirtió de que pueden darse «focos locales» con grandes subidas. Y el director del área inmobiliaria de Caixabank en Andalucía Oriental, Ángel Salazar, comentó que los préstamos al sector promotor se han doblado hasta mayo alcanzando los 1.000 millones de euros, con otros 3.000 en operaciones previstas por firmar.
Subidas de precio
A las jornadas asistió también el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez Pintado, que opinó que la subida de precios de la vivienda no va a derivar en otra burbuja y que se estabilizará porque la situación de los compradores no ha cambiado. «Está subiendo un 4%, un 5% porque la demanda tiene esa capacidad, pero no mucho más», afirmó. No obstante indicó que «lo preocupante es que, en aquellas plazas que están tirando (Madrid, Barcelona o Málaga) empezamos a ver que hay subidas un poco mayores ya. Esto es un problema».
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señaló que la ciudad necesita más espacios de oficinas en el Centro para acoger empresas tecnológicas y competir con ciudades como Berlín, Barcelona o ámsterdam, al tiempo que reclamó inversiones para obras de infraestructuras viarias en la provincia.
