El problema de Las Kellys, acrónimo de «las que limpian los hoteles», se desborda. Con unos números extremos, difíciles de demostrar sin la intervención de las autoridades, pero cada vez más presentes en el testimonio público de las trabajadoras y en las denuncias que llegan a los sindicatos. La dimensión que ha adquirido la situación se refleja también a nivel político; dentro de unas semanas los representantes laborales acudirán al Senado, completando con su exposición un ciclo de sesiones monográficas que ha llevado la preocupación por las camareras de pisos a numerosas administraciones, incluido el Congreso, que mantiene actualmente una iniciativa en curso.

El revuelo, si se atiende al relato de las empleadas, está justificado. Especialmente, en destinos turísticos de nuevo cuño como Málaga, donde, de acuerdo con CCOO, la juventud de la planta hotelera ha hecho que muchos de los negocios se decanten por esta fórmula de ahorro, que es la más abusiva. En lugar de contratar a profesionales e integrarlas en sus plantillas, los hoteles recurren a intermediarios, generalmente empresas multiservicios, que son las que proporcionan a las trabajadoras. A un precio sensiblemente más barato para el alojamiento, pero también para la firma subcontratada, que al no pertenecer oficialmente a la industria hotelera se regula por un convenio individual, distinto y mucho menos garantista que el que rige por ley al conjunto de la hostelería.

La diferencia entre uno y otro se traduce en un abismo salarial, con saltos que en muchos casos apuntan a reducciones de hasta el 40 por ciento. Una cantidad lo suficientemente amplia para que los sindicatos hablen sin tapujos de un tipo de empleo de escasa calidad, totalmente infrapagado. Y que a menudo suele acompañarse por una penosa batería de condiciones adicionales: sobrecarga laboral, dificultad para obtener bajas por enfermedad, discontinuidad en los contratos. El panorama, sin duda, es sombrío. Tanto como para haber despertado las suspicacias de la Dirección General de Trabajo, que ya ha cuestionado en más de una ocasión la legalidad de fondo: para muchos laboralistas no se trata de un ahorro de costes a través de una empresa externa, sino de una cesión ilegal de trabajadores, en este caso delegados para desempeñar una tarea esencial, imprescindible en el funcionamiento diario de los establecimientos.

Las circunstancias leoninas a las que se enfrentan Las Kellys, junto a este tipo de sospechas, ha hecho que empiecen a aflorar las denuncias en los juzgados. Gonzalo Fuentes, responsable turístico de CCOO, define la práctica como un auténtico fraude, que hurta aportaciones a la Seguridad Social y que resulta todavía menos comprensible si se tiene en cuenta el momento general que atraviesa el sector. En esto el sindicalista no está solo. Y se le unen nombres como el de Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, que en una conferencia reciente mostró su indignación con el fenómeno; para ambos es intolerable que en plena época de récord de demanda se menudee con el salario de las trabajadoras, que según los últimos estudios, llegan en ocasiones a cobrar menos de un euro por el arreglo completo de un dormitorio.

De nuevo, los sindicatos, en su aproximación, tropiezan con el obstáculo de una realidad deliberadamente opaca. No existen cifras oficiales sobre explotación. Y es difícil saber el volumen exacto de empleadas que se encuentran bajo este tipo de condiciones. El cálculo que hace Gonzalo Fuentes para Málaga capital es demoledor. De acuerdo con los informes internos que maneja el sindicato, alrededor del 50 por ciento de los hoteles de la ciudad resuelven ya su servicio de limpieza a través de las subcontratas. Un porcentaje, prosigue, muy superior al que se da en el resto de la Costa del Sol, donde los derechos adquiridos y la antigüedad de las plantillas impide que una parte tan sensible en la dinámica de los establecimientos acabe bajo el control de firmas externas.

La receta que propone el líder turístico de CCOO permite intuir por donde va a abordarse el problema de Las Kellys en los próximos años; de un lado, la vía judicial, y, del otro, la de la inspección, a la que el sindicalista anima a actuar con mayor contundencia. Incluso, como ha ocurrido recientemente en Málaga, con la firma Mantelnor, en los casos en los que la sentencia está en suspenso y en espera de ser ratificada por instancias judiciales superiores.

Según los datos recabados para otra provincia turística, en este caso Gran Canaria, las camareras de piso reclutadas por este tipo de empresas intermediarias obtienen de media al mes apenas 707 euros de salario neto. Se trata de una cifra que está por debajo del salario mínimo interprofesional, violentamente desproporcionada si se atiende a la carga laboral, que la misma fuente sitúa en hasta 90 camas por jornada.

Las Kellys, que se han constituido en asociaciones, denuncian una situación que a menudo deriva en problemas de salud. En este punto, Lola Villalba, también de CCOO, aporta un dato escalofriante: el 90 por ciento de las camareras de piso se jubila actualmente antes de tiempo por culpa de enfermedades relacionadas con el sobreesfuerzo.

Gonzalo Fuentes relaciona este tipo de fórmulas de explotación con las nuevas reglas del juego introducidas por la reforma laboral, que en su opinión, priorizan los convenios locales por encima de los sectoriales. En la práctica, eso hace que las empresas multiservicios se rijan por los mismos principios de las antiguas ETT, que no estaban obligadas a acatar las condiciones aprobadas para el conjunto de la actividad. Es lo que el sindicalista denomina como cultura de la barra libre, que a su juicio genera desprotección y favorece que las exigencias laborales se diluyan. Hasta el punto de que muchas afectadas optan incluso por no alzar la voz. En general, por temor a no ser contratadas nunca más por la empresa.

La demanda de mayor supervisión y control está ahora a nivel legislativo en manos del Congreso, que es el órgano con competencias. El responsable sindical no duda de la buena intención de la iniciativa presentada por el PSOE, pero cree que las enmiendas finales, interpuestas por el PP, harán que el resultado final sea mucho más descafeinado. También exige a otras administraciones como la Junta una implicación más intensa.