La edil Estefanía Marín Palop, del Grupo Municipal Socialista, hizo un ruego en la pasada comisión de Derechos Sociales para que el equipo de Gobierno cumpla lo aprobado por unanimidad en una moción del pasado 16 de febrero para «incorporar en la convocatoria de economatos sociales la obligatoriedad de realizar acciones de intervención social y comunitaria» y, para ello, «es indispensable que la partida económica no sea reducida, como así ha ocurrido, en un 47,36%», desde los 570.000 euros de 2016 a los 300.000 de 2017.

En 2016, fueron once los economatos subvencionados por el Ayuntamiento para atender a las familias más necesitadas de la ciudad. En 2017, ya ha salido el nuevo borrador. Martín Palop entiende que «hay una bajada sustancial de la partida económica, pasando de 570.000 euros (concretamente de 470.000 para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, más 100.000 euros para mejoras y adaptación de los locales) a 300.000 para este 2017 (de los cuales, además, 112.000 euros se cargan al presupuesto de 2018).

La directora general de Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, Ruth Sarabia, asegura que no hay tal bajada, sino que la actual convocatoria acaba en junio y «la imputación de presupuesto se hace a seis meses, lo sacamos cada seis meses; no nos permite la Intervención meter el importe total este año: por tanto, no se reduce, sino que se trata de dos anualidades».

Martín Palop recuerda que en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Deporte y Juventud, el 16 de febrero, el PSOE presentó una moción en la que se advertía del riesgo «que existía ante la puesta en marcha de determinadas medidas que estuvieran más orientadas a la beneficencia, que a la puesta en marcha de políticas sociales y medidas de intervención y transformación social». En la moción, se incluían acuerdos «necesarios» para que los economatos municipales no siguieran instalados «en una política social caduca».

«En dicha moción, solicitábamos el aumento de la partida económica para poder realizar una verdadera intervención con las familias, además de un abordaje comunitario», aclara. El punto aprobado fue el siguiente: «Instar al equipo de gobierno a incorporar en la convocatoria de economatos sociales la obligatoriedad de incorporar acciones de intervención social y comunitaria para las personas usuarias de estas entidades beneficiarias», relata Martín Palop, que además de denunciar el recorte en las ayudas, que para Sarabia no es tal, indica que se ha incumplido ese acuerdo.

Según la edil socialista, en ese acuerdo unánime se establecía la obligatoriedad de incorporar acciones de intervención social y comunitaria, pero «sólo consta en dicho borrador este requisito como puntuable y en ningún momento se incorpora en el apartado de obligaciones generales de las entidades subvencionadas».

Sarabia recuerda «en el grupo de trabajo hemos hablado mucho con las entidades; las grandes, como por ejemplo Corinto, puede hacer ese trabajo con las familias, pero el resto explica que no puede permitirse eso», dado que son colectivos con pocos recursos y bastante tienen con hacer frente a la función de economato. «No tiene sentido poner ese requisito obligatorio, son entidades pequeñas y una cosa es dar comida y otra la inserción de las familias. Son los Servicios Sociales del Ayuntamiento los que trabajan en la inserción formativa y laboral de esas familias, pero no podemos obligar a los economatos a hacerlo», subraya.

Sarabia insiste: «Ya se le ha informado (a Martín Palop) del porqué de ese requisito: son entidades pequeñas, once en total, pueden llevar bien el economato, pero para los planes de formación y empleo hay que tener infraestructura adecuada y formación y eso se hace desde los Servicios Sociales del Consistorio: el dinero se da para el economato, no son centros de formación e inserción social».