La huelga de los trabajadores de Infantil no sirvió para hacer desistir a la Junta de Andalucía, que a pesar de la oposición frontal del sector, terminó aprobando el nuevo decreto de guarderías argumentando que con él se diversifican y amplían las ayudas a las familias en una etapa escolar que no es obligatoria, aunque cada vez más elegida por los padres, para hacer compatibles, amén de las ventajas de una escolarización temprana para sus hijos, sus vidas familiares y profesionales. CCOO mantiene, sin embargo, su oposición a lo que denomina «decretazo» y ayer alertó de que la mitad de las familias malagueñas, unas 9.000 en toda la provincia, tendrán que abonar entre 14 y 140 euros más al mes por escolarizar a sus hijos en las escuelas infantiles.

CCOO continúa con su guerra particular, mientras que en el lado opuesto, la Junta defiende los resultados de su gestión, como es obvio. Según el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, el Decreto Ley 1/2017 «perjudica a las familias andaluzas que van a tener que pagar más para escolarizar a sus hijos, pero es que además, como consecuencia de ello, peligran los puestos de trabajo, que en su gran mayoría son mujeres, de estos centros, ya que al aumentar los costes para las familias, podrían peligrar las unidades de los centros y, por lo tanto, sus empleos». CCOO ha elaborado un estudio sobre unos 400 centros de los 1.610 existentes en Andalucía. Del estudio se desprende que el 54% de las familias andaluzas deberán pagar entre 14 y 140 euros más al mes por guarderías el próximo curso. «En el caso de Málaga, al menos estarían afectadas un 50% del total, es decir, unas 9.000 familias en la provincia», dijo ayer el responsable de Enseñanza del sector infantil de CCOO de Málaga, Miguel Ángel Palma, quien añadió que «se trata de familias donde trabajan los dos miembros, con unos ingresos mileuristas, sin posibilidad de conciliar y con una media de unos tres hijos».

La Delegación Territorial de Educación informó ayer de que Andalucía es la comunidad que más fondos destina al primer ciclo de Educación Infantil (175 millones de euros), un 3,7% más que en 2016. «Por tanto, las familias como los profesionales del sector, pueden estar tranquilas puesto que este nuevo modelo no va a suponer una merma de derechos educativos ni laborales».

Educación insiste en que el nuevo modelo ha incrementado las posibilidades de elección para las familias, «puesto que todos los centros autorizados que lo han deseado se han podido adherir al programa». Por tanto, hay más centros ofertados que el curso pasado, más plazas disponibles y habrá más niños beneficiarios.

Según las previsiones de la Consejería, el próximo curso casi el 50% del alumnado accederá a una plaza de forma gratuita de este servicio socioeducativo que favorece el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños.