04 de junio de 2017
04.06.2017
Recaudación

Hacienda eleva la presión sobre el mercado turístico

El ministerio público intensificará este verano la vigilancia en la Costa del Sol en busca de irregularidades

04.06.2017 | 05:00
Las zonas turísticas y la actividad inmobiliaria, entre las inquietudes de Hacienda.

Más de 1.500 millones en dinero recuperado

  • El ministerio público consiguió recuperar el pasado año un total de 1.537 millones de euros defraudados en Andalucía. La cantidad, una de las más altas de España, supone casi un 10 por ciento más que la recabada en el ejercicio anterior, lo que habla a las claras de un aumento de la efectividad de las inspecciones y controles efectuados durante las diversas campañas puestas en marcha por Hacienda. El dinero, en este caso, no proviene íntegramente de los delitos relacionados con la gestión de las viviendas, sino de un extenso mapa de malas prácticas fiscales en el que figuran desde declaraciones incorrectas a contabilidades secretas, en muchas ocasiones apoyadas en la existencia de programas informáticos específicos.

4,2 millones al día de fondos defraudados

  • El volumen de fraude fiscal que soporta la economía española sigue siendo escandaloso. Hasta el punto de que las cifras que se hacen públicas, forzosamente moderadas, la tantas veces denominada como punta del iceberg, dibujan un panorama desolador. Prueba de ello es lo que se deduce del dinero recuperado por las inspecciones en 2016, que en Andalucía, llega a la sonrojante cifra de más de 4 millones de euros diarios. Eso se traduce en que la Agencia Tributaria localiza a la semana en la región más de 21 millones procedentes de irregularidades fiscales. Un volumen que, según fuentes del propio ministerio, se corresponde en realidad con un porcentaje bajo en relación al capital que mueve en su conjunto la economía sumergida, que se infiere mucho mayor, con todas sus ramificaciones, maniobras y tentáculos.

Los alquileres vacacionales, junto a los apartamentos y las mansiones no declaradas, entre los objetivos prioritarios de los técnicos de la Agencia Tributaria

La cantidad, todavía no aquilatada, se presume exorbitante. Tanto como para justificar la movilización y variar en función de su eficacia los resultados finales de la campaña anual. Desde mucho antes de que se pusiera de moda el alquiler turístico, el uso de la propiedad, especialmente dinámico en la costa, ha formado parte de la lista de preocupaciones fiscales de la Agencia Tributaria. Y no sólo por la dimensión política y económica de algunos de sus casos más sobresalientes, sino por la propia naturaleza del sector; un mundo, el inmobiliario, en el que el dinero se mueve muy rápido y a gran escala. A veces, concatenado, incluso, en espesas tramas dispuestas para esquivar el control de Hacienda. Y en el que los técnicos intuyen que se esconde algo más que la mayor fuente local de riqueza: también la estafa, la burla, la ocultación de datos.

Los indicios que se manejaban hasta hace muy poco hacían pensar en todo tipo de maniobras evasoras. La maquinaria, en suma, de la economía sumergida, que afectaba a un volumen de negocio que en lo que respecta a la vivienda podría abarcar a más de un tercio de los arrendamientos. Se trata, obviamente, de aproximaciones. De cálculos inferidos a ciegas. Y que hasta hace muy poco se enfrentaban a la dificultad añadida de una legislación insuficiente, todavía sin capacidad para reconocer figuras en expansión como los alquileres vacacionales. La entrada en vigor de la normativa de la Junta, con su registro obligatorio, ha puesto orden en este sentido, pero todavía queda mucho por hacer. Y no sólo en el ámbito de este tipo de alojamientos. El fraude a la hacienda pública continúa. Con modalidades como la cesión de la titularidad a sociedades a residencias habituales no declaradas.

La campaña intensiva puesta en marcha en las Baleares, donde prácticamente se han triplicado las inspecciones, ha servido para conocer de primera mano el peso potencial del mercado de la vivienda y el coste en las cuentas comunes de sus zonas opacas. En un principio, y según informan fuentes de la Agencia Tributaria, la ofensiva en las islas se planteó como una experiencia piloto, pero la elevada cuantía detectada, así como su rendimiento, ha hecho que se piense antes de tiempo en extender la fórmula al resto de España. Con especial atención a provincias de influencia turística como Málaga, donde los controles se intensificarán este verano. Y, además, con un objetivo específico, muy orientado a supervisar el cumplimiento de la legislación y el sentido que se le da a las propiedades.

El capital que está en juego no es precisamente modesto. El delito fiscal relacionado con la vivienda alcanza cifras millonarias. Y no sólo por la vía acumulativa. El valor catastral de muchos inmuebles inspeccionados hace que la irregularidad se traduzca en cantidades apreciables. Las mismas fuentes hablan de un supuesto muy frecuente, tanto en Baleares como en la Costa del Sol: el de chalés y casas de lujo que aparecen como pertenecientes a sociedades y que en realidad sirven de residencia privada, sin ningún contrato formalizado y con moradores que en muchos casos resultan estar ligados a la propia entidad propietaria. Una pillería que desemboca en una doble omisión en el pago de impuestos. Con el consiguiente perjuicio para el arcón del Estado. Los últimos balances de recaudación, aun muy lejos de los números sugeridos por los especialistas, parecen haber animado al ministerio, que, si bien sigue sin desplegar los recursos reclamados insistentemente por sindicatos como Gestha, esta dispuesto esta vez a subir una marcha más en la persecución de la trampa.

La presión se traslada ahora al tratamiento fiscal de las propiedades. Y, con especial énfasis, a la declaración de las casas y de los alquileres. La Agencia Tributaria tiene por delante verificar la relación entre los papeles presentados a la hacienda pública y el uso real que se hace de las viviendas. Con toda su compleja casuística, inquirida mediante mecanismos que van mucho más allá de la pregunta directa y el examen exhaustivo de los documentos.


Cruce de datos

En su papel recién estrenado de garante de la nueva ley de la Junta, a la inspección le toca además ocuparse de las comprobaciones relacionadas con los apartamentos dados de alta. Tanto para unos como para otros, el trabajo sobre el terreno es complejo e incluye estrategias de supervisión que en muchos casos exigen el cruce de datos y la comprobación de los domicilios y de sus consumos energéticos.

Una labor que para el sindicato CCOO es lo suficientemente importante como para contar con el respaldo activo del resto de administraciones públicas. «El fraude afecta al conjunto del destino turístico y, por lo tanto, nos compete a todos. Los ayuntamientos, por su cercanía, podrían aportar mucho, ya que son los que tienen más fácil controlar cómo se gestiona cada apartamento», indica Gonzalo Fuentes, responsable turístico de la organización.

Según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía, la normativa que regula las viviendas vacacionales, que entró en vigor en mayo de 2016, ha sacado a la luz más de 15.000 arrendamientos en poco más de un año. De esa cantidad, más de la mitad pertenece a la provincia de Málaga, donde el sector de la hostelería concentra buena parte de los movimientos económicos. Eso, en un modelo de producción tan afectado por el dinero negro, presume fatalmente la existencia de un gran número de operaciones trenzadas al margen de las exigencias tributarias.

Y la estadística, en este punto, no miente: los últimos recuentos apuntan a que la actividad sumergida supone ya más del 30 por ciento del PIB de la comunidad. Una proporción lo suficientemente amplia como para convertir a la Agencia Tributaria en protagonista. Y, al mismo tiempo, para afinar lo máximo posible con su misión.

La falta de recursos obliga a trazar prioridades. En la campaña de inspecciones los esfuerzos se dirigen hacia las áreas más favorables a la recaudación. O lo que es lo mismo, a aquellas en los que los delitos equivalen a detraer a las arcas públicas una cuantía mayor. El punto de mira está en los movimientos inmobiliarios. Y con atención preferencial hacia chalés, mansiones y pequeños palacios. Baleares ha marcado la pauta. La Agencia Tributaria afila la libreta. Más control contra la trampa.

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