­Los taxistas instaron ayer al Ministerio de Fomento, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a tomar medidas «eficaces» para la competitividad del servicio público de taxi, como es la formación de policías municipales para que realicen inspecciones de su servicio y de empresas como Uber.

«Las distintas autoridades y administraciones tienen perfecta constancia de las reivindicaciones de los taxistas, por lo que esperamos que adopten medidas concretas y no cosméticas», indicó el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

La organización estatal del gremio apuntó además que, mientras algunas administraciones han dado pasos a favor de mantener el servicio público de taxi, como la Generalitat de Cataluña la Comunidad de Madrid, otras transitan por caminos contrarios. En este punto, Fedetaxi incidió en la necesidad de abordar medidas encaminadas a promover la competitividad y calidad del transporte regulado frente al modelo que consideran «de las multinacionales», basado, en su opinión, «en la precarización y privatización de la movilidad urbana en su único beneficio».

El Ministerio de Fomento convocó una cumbre de administraciones públicas para tratar sobre el conflicto abierto entre el sector del taxi y el de empresas como Uber y Cabify, las de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El encuentro, que tuvo lugar tras la huelga de taxistas de la pasada semana, se planteó con el objetivo de reforzar la inspección en los dos sectores, con el fin de que ambos cumplan con los requisitos necesarios para operar y con su normativa de explotación.

La reunión fue presidida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien aprovechó para pedir a las comunidades y autónomas y a los ayuntamientos un mayor control de las licencias. «Le hemos trasladado la necesidad de llevar a cabo acciones para el incremento de la vigilancia para garantizar que haya un estricto cumplimiento de la ley», abundó.

De la Serna defendió que son las comunidades y los consistorios los titulares de la mayor parte de competencias en el sector, como con las de autorizaciones, control y regulación, mientras que el Ministerio apenas tiene responsabilidades de ámbito normativo. «Depende exclusivamente de ellos», subrayó.

«Es importante que se cumplan todas las condiciones del marco legal y es indispensable que comunidades y ayuntamientos desarrollen dispositivos para fomentar este control», remarcó el ministro, que apostó por la coordinación entre las partes para acelerar el proceso.

Fomento y el resto de administraciones con competencia en esta actividad buscan potenciar la inspección de estos sectores ante la esperada cascada de licencias de VTC que se está registrando en virtud de sentencias judiciales, que las han llevado a superar el ratio de autorizaciones establecido por ley frente al taxi.

Los trabajadores del taxi participaron la semana pasada en una jornada de huelga de amplio seguimiento. En Málaga, sin ir más lejos, la movilización fue secundada por el 60 por ciento de los profesionales, que mostraron su descontento con la intermediación de las administraciones en el problema. «Lo que se pide no es ni más ni menos que se cumpla lo que lo marca la normativa. El ratio establecido por ley es el de una licencia VTC por cada 30 taxis, cuando, actualmente, en Málaga estamos en una licencia VTC por cada cinco o seis taxi», explicó el vicepresidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (AUMAT), Juan González. El colectivo se queja en este sentido de la existencia de una competencia que considera desleal. «El perjudicado es el sector del taxi, que está viendo como estas plataformas están ofreciendo un servicio en paralelo», indicó.