­ Los alumnos de la Universidad de Málaga sostienen que es «muy positivo» el sistema de bonificaciones planteado por la Junta de Andalucía para premiar el esfuerzo de los universitarios que saquen mejores notas, que podrán estudiar sus carreras gratuitamente si lo aprueban todo. Sin embargo, advierten también de que este programa podría servir de «efecto llamada» a alumnos de otras comunidades autónomas, que solicitarían plaza y se matricularían en Andalucía para ahorrarse este dinero de las tasas y podrían provocar situaciones de masificación en las aulas.

Javier Olmedo, presidente de la Asociación Juvenil de Estudiantes Conecta, considera que la propuesta de la Junta «es un aliciente y una motivación para que los alumnos hagan un esfuerzo extra para poder pasar limpio de curso con el 100% de los créditos aprobados». En cualquier caso, matiza que sería necesario establecer diferencias entre las titulaciones, porque no todos los grados tienen la misma dificultad. «Es una realidad que las ingenierías, por ejemplo, son carreras más complicadas, por eso habría que contemplar algunos matices, para que estos alumnos pudieran también beneficiarse de estas bonificaciones, aunque no lo aprueben todo», señala.

En el mismo sentido se expresa Jesús Páez, secretario de la Asociación de Estudiantes Reforma, quien considera que «medidas así solo pueden beneficiar, mientras no perjudique a otro tipo de becas, para motivar a los alumnos a que saquen mejores notas».

Pero, como prácticamente todo en la vida, el programa de bonificaciones de la Junta, también tendría su parte negativa. Con estas bonificaciones, el primer año de la carrera, el estudiante deberá pagar todos los créditos de los que se matricule, salvo si tiene beca. Un curso suele incluir 60 créditos, que en Andalucía cuestan 757 euros. Si al año siguiente obtiene al menos un cinco de nota en todas las asignaturas, podrá matricularse de otros 60 créditos casi gratis, ahorrándose 749,4 euros. Por cada crédito aprobado por curso (que incluye dos convocatorias de examen: ordinaria y extraordinaria), abonará un precio simbólico del 1% al año siguiente. Un atractivo suficientemente poderoso para miles de estudiantes de otras comunidades autónomas. «Nos enfrentamos a unas aulas masificadas. Teníamos unas expectativas con el Plan Bolonia y solo nos hemos acogido en lo que interesaba. Hablamos de grupos reducidos de 40 o 45 estudiantes de media. Va a llegar un momento en que no se va a poder dar clase. Hay que poner límites y establecer un compromiso de que no se vayan a ampliar los números clausus», expone Javier Olmedo.

La Junta sostiene que la medida puede beneficiar a más de 30.000 alumnos de las nueve universidades públicas de la comunidad autónoma y costaría unos 29 millones de euros, apenas un 2% del presupuesto total de sus universidades. En Málaga serían unos 6.500 estudiantes de grado, como informó ayer La Opinión de Málaga, descontando los de primer curso y los que reciben beca del Régimen General, precisó el vicerrector de Estudiantes, José Francisco Murillo. A estos, habría que añadir entre 300 y 400 estudiantes más de másteres, en concreto de postgrado de dos años. Son datos recogidos en la estadística universitaria correspondiente al curso 2015-2016.

Noemí Escobar, representante de la Red Eureka, se muestra especialmente crítica. «No vamos a negar que tiene un signo positivo, lo que pasa es que 30.000 estudiantes solo representan al 15% de los universitarios andaluces. Es un porcentaje que en realidad no acerca a la universidad al modelo universal y gratuito del que presume Susana Díaz», explica. Tampoco cree que la medida sirva para motivar a los alumnos a estudiar más y sacar mejores notas y teme que pueda provocar la llegada de alumnos de otras comunidades, «que finalmente se beneficien de unas bonificaciones que van a pagar los ciudadanos andaluces».

Todavía ayer, el rector de la UMA, José Ángel Narváez, seguía sin conocer los detalles del sistema. Pero profundizó en cifras: la puesta en marcha de esta medida podría costarle a la Universidad de Málaga unos 6 millones de euros, por la disminución en los ingresos de matrículas, «que tendrían que ser compensados de alguna manera por la Junta». E insistió en lo que ya manifestó el martes a este periódico: «Confío en que este plan sirva para financiar a las universidades adecuadamente y se nos compense con ese déficit de las matrículas».

En cualquier caso, Narváez mostró su confianza en que «esto sea el comienzo en el cual la Junta apueste por la universidad pública desde el punto de vista presupuestario, de las estrategias de investigación y de las estrategias en infraestructuras». «Estoy convencido que la Junta habrá hecho alguna estrategia y lo habrá hecho de forma adecuada para que las universidades sigamos manteniendo la posibilidad de poder abrir todos los días en los escasos recursos que somos financiados», añadió.

En la CRUE (Confederación de Rectores de Universidades Españolas), por su parte, aplauden la iniciativa de la Junta a pesar de estos recelos iniciales. El presidente de la organización, Segundo Píriz Durán, aboga incluso por «considerar» esta medida en el resto del país para «ir en la línea de otros como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia».

Durante su comparecencia ayer ante el pleno del Parlamento andaluz, Susana Díaz defendió que estas bonificaciones universitarias sitúan a Andalucía «en primera línea de recuperación de derechos». La presidenta insistió, sin llegar a pormenorizar en el sistema planteado, en que se trata de una medida pionera, que conlleva un mensaje claro y potente a los estudiantes y sus familias: «En Andalucía podrá estudiar en la universidad todo aquel que se esfuerce para aprobar, sin preocuparse de que pueda pagar o no sus estudios».

Andalucía ya suma cuatro cursos sin incrementar el coste de las matrículas, situándose además entre las regiones con los precios más baratos, con un precio por crédito de 12,62 euros para la primera matrícula y de 25,25 para segunda, tercera o sucesivas.