La principal amenaza externa que podía impedir la conversión de Limasa en empresa pública ha quedado eliminada. El escollo lo contemplaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se está tramitando estos días y que impedía el rescate o la subrogación de las plantillas de las empresas que se quisieran reconvertir a públicas, como se está barajando con Limasa.
La disposición adicional 27 del PGE recogía que los trabajadores que se incorporasen a empresas públicas se contabilizarían como personal «de nuevo ingreso». En la práctica, esta disposición obstaculizaba la incorporación a la administración de los trabajadores de las empresas que se quieran reconvertir en públicas.
Ya no será así. El Congreso ha aprobado una enmienda del PSOE a la disposición adicional 27 que cambia sustancialmente su contenido. El texto reformado y aprobado señala ahora que las incorporaciones de las plantillas «no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos», lo que supone eliminar todos los obstáculos a la subrogación del personal.
Campaña de ayuntamientos
La nueva redacción de los PGE fue dada a conocer ayer por el concejal no adscrito Juan José Espinosa, que resaltó que con ello se elimina «cualquier impedimento para que se puedan incorporar sin problemas trabajadores a una empresa publica». Espinosa añadió que ya «no hay motivos jurídicos, técnicos o laborales que impidan procesos de municipalización como el de Limasa.
La modificación gracias a la enmienda socialista de la disposición adicional vino precedida de una amplia campaña política de importantes ayuntamientos que reclamaron al Gobierno la eliminación de esa disposición por entender que suponía un freno a la autonomía local .
Ayuntamientos como los de Madrid, Zaragoza, La Coruña, Barcelona, Valencia, Valladolid o Huesca aprobaron en sus plenos mociones instando al Gobierno a retirar esa disposición.
Las alcaldías de esos ayuntamientos firmaron una declaración conjunta para defender la democracia local y viajaron a Madrid para reunirse en el Congreso con portavoces parlamentarios de distintos grupos (PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y ERC).
