Los toros se confirman como la gran musa de la controversia en la Diputación. Este jueves se sumó un nuevo capítulo al constante cruce de acusaciones entre equipo de gobierno del PP y la oposición a causa del Museo Taurino de Juan Barco. Por la mañana, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, y su homólogo de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, comparecieron de manera conjunta, por primera vez en lo que va de legislatura, para pedir el desalojo forzoso del empresario extremeño a causa de la deuda acumulada por el impago del canon establecido a raíz de la concesión demanial.

En plena plaza del Siglo, con el edificio en cuestión de fondo, ambos dirigentes exigieron al equipo de Gobierno del PP en la Diputación que mueva ficha de manera inmediata para iniciar un desalojo administrativo y recupere el céntrico edificio. «A mi espalda ven ahora mismo que el museo está cerrado, y así debería estar todos los días porque ese es el acuerdo adoptado por la Diputación. El señor Barco ya no tiene permiso para abrir este museo ni un minuto más. Sin embargo, abre el museo y lo está explotando económicamente», denunció Conejo.

Las palabras de Sichar, por su parte, iban en la misma línea, asegurando, además, que durante todo este tiempo se había generado una situación de competición en desigualdad de condiciones. Aludió al canon anual de 52.000 euros, fijado en la concesión demanial y que, según Sichar, está muy por debajo de los precios de mercado estipulados en una de las zonas más caras de la provincia. «El canon de 52.000 euros anuales nos parece que es irrisorio para como están los precios en la zona», sentenció el mandatario naranja. Según concluyeron ambos, el Museo Taurino había actuado, en efecto, como mera pantalla para aguardar otras actividades mercantiles. En este caso, la explotación del restaurante ubicado en la terraza del edificio y la tienda de utensilios y moda taurina situada en los bajos. constatamos que se estaba utilizando la ubicación del Museo Taurino para albergar dos operaciones mercantiles, un restaurante y una tienda. «Esa es la verdadera historia detrás de esto, la Diputación lo que quería era darle la concesión de un restaurante y de una tienda a un privado, justificándolo con que se iba a poner un marcha un museo», sentenció Conejo.

Plazos, según la ley

La Diputación, a través del diputado de Cultura, Víctor González, defendió que en ningún momento la institución va a buscar un atajo a los procedimientos y aseguró que Barco todavía dispone de un plazo, que concluye el 28 de junio, para abandonar de forma voluntaria el edificio.

Según González, Barco habría obviado de manera reiterativa las notificaciones de Diputación, por lo que se habría dilatado el proceso. Por otro lado, aseguró que el pliego permitía la explotación del restaurante y de la tienda fuera del horario del museo.