Tanto el gerente de Urbanismo como la jefa de Licencias presentaron en sus informes un escenario «complicado» generado por el crecimiento de la «carga de trabajo», producto de la reactivación económica, y una plantilla escasa que ha bajado en los últimos años debido a que no se ha producido una reposición de las vacantes. El departamento dispone de 78 trabajadores para tramitar más de 12.000 expedientes nuevos cada año entre licencias, infracciones y conservación.

En el caso específico del servicio de infracciones, hay 17 trabajadores, de los que solo seis (tres inspectores y tres técnicos) salen a la calle para comprobar las supuestas infracciones denunciadas.

Leonor Pastrana llegó a decir que «no podemos seguir así» y defendió que la solución a esta situación de desbordamiento pasa por un aumento del personal y una agilización de los procedimientos.

En la misma línea, el gerente de Urbanismo, José Cardador, señaló que «no lloramos ni nos lamentamos, pero Urbanismo ha pasado de tener una plantilla de 343 trabajadores en 2011 a 302 en 2017 y este año se nos jubilarán siete u ocho más; todas esas bajas no se pueden reponer de momento por las limitaciones que impone el Gobierno en materia de contratación y lo solucionamos con una mayor aplicación al trabajo».