Varios alcaldes de la Costa piden una tasa turística para afrontar el verano

Los regidores de Marbella, Torremolinos, Benalmádena, Mijas y Vélez Málaga muestran su preocupación por la financiación de la temporada y la falta de inversión extra

24·06·17 | 22:36

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Los participantes en el foro de La Opinión de Málaga. Gregorio Torres

El doble, el triple y hasta, en ocasiones, el quíntuple de población. Miles de personas moviéndose en transporte público, consumiendo agua, depositando basura, reclamando seguridad. Una vez más, la Costa del Sol retorna al verano y a sus espectaculares números. Y con ello, a un sobrecoste a menudo invisible que funciona como la cara oculta del maná. Una inversión cuantiosa, dedicada a toda clase de servicios, de la que depende buena parte del éxito de la oferta, y que los ayuntamientos asumen casi siempre a pulmón, haciendo encajes y remiendos con los recursos del todo año, sin ayuda extra ni partidas específicas por parte del resto de administraciones.

Hacer frente a todo ese estrés con la dotación municipal es un gasto que en la provincia se entiende como un mal necesario e, incluso, imprescindible, pero que no quita que cada temporada suponga un auténtico sudoku para los técnicos y responsables de la hacienda local. Los pueblos del litoral aportan mucho más que la media, pero siguen sin contar con un estatuto específico de financiación. Ni siquiera la condición de municipios turísticos, cuya ley ha sido renovada recientemente por la Junta, se traduce en argumentos reales de compensación. Con esta disyuntiva de fondo, y en pleno periodo de afluencia masiva, La Opinión de Málaga celebró esta semana un foro con algunos de los alcaldes de los puntos más significativos de la costa -José Ortiz (Torremolinos), Víctor Navas (Benalmádena), Juan Carlos Maldonado (Mijas) y Antonio Moreno Ferrer (Vélez-Málaga), a los que posteriormente se uniría, vía telefónica, José Bernal (Marbella)-. Entre todos, la conclusión fue unánime: los pueblos del litoral, afirmaron, precisan de una mayor atención y sensibilidad. Sobre todo, a la hora de encarar el precio cada vez más alto de poner en marcha el sector.

El debate no es nuevo, pero adquiere en estos tiempos un significado especial. Por una doble circunstancia: el extraordinario momento que atraviesa la industria y la ingente cantidad de turistas que vienen a la provincia en busca de una alternativa a sus habituales destinos, y a los que hay que convencer para que se queden y no perderlos cuando despierte la competencia, actualmente empantanada por acontecimientos tan infaustos como los que padecen Túnez, Egipto o Turquía. La manera más segura de convencer a la nueva clientela es la calidad. Y eso, insiste Moreno Ferrer, cuesta dinero. Mucho más del que llega normalmente a los ayuntamientos. Las propuestas de los alcaldes para obtener fondos implican al Gobierno y, en menor medida, a la Junta. Y se resumen en una terna principal: la implantación de una tasa municipal asociada a las pernoctaciones, una cuota de retorno más ajustada a la aportación que realizan a través del IVA y flexibilidad en la aplicación de las leyes de sostenibilidad y de control del gasto, que priorizan el pago de la deuda e impiden que se invierta el superávit acumulado en las cuentas de los municipios.

La reivindicación de la tasa es de todas quizá la que parte con mayor recorrido. Especialmente, si se tiene en cuenta que ya se aplica en otros destinos del país como Mallorca. Las recientes declaraciones del consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, que descarta su aprobación a nivel autonómico, dejan la puerta abierta a los municipios. Y es ahí precisamente donde la mayoría de los regidores presentes en el foro apuestan por empezar a trabajar, el establecimiento de un marco jurídico común, sin disparidades en cuanto a la cifra y el procedimiento entre los diferentes ayuntamientos. El objetivo es fijar un canon añadido al precio de las habitaciones y revertir la recaudación íntegramente en sufragar infraestructuras turísticas y parte de los servicios cuya demanda se dispara en estos días: el mantenimiento, arreglo y vigilancia de las playas, el tráfico, la limpieza o la seguridad.

Según José Ortiz, en municipios como Torremolinos, con más de cinco millones de pernoctaciones anuales, la tasa supondría un importante estímulo. Y más si se advierte la escasa repercusión que tiene para la hacienda la actividad turística. Un negocio que, aunque boyante, deja siempre la mayor parte de su beneficio en manos privadas. Y que ni siquiera alivia a los ayuntamientos por la vía impositiva, como se observa principalmente con las colonias de residentes, que, aunque abonan el IBI, siguen empadronados mayoritariamente en sus países de origen, lo que hace que el Estado no destine a los municipios una dotación acorde con su población real.

En eso, en el contraste entre los habitantes censados y oficiales y el volumen flotante y los turistas, radica buena parte de la descompensación. En estos meses los veraneantes hacen que la proporción se desbarate, pasando a multiplicar la cifra de vecinos. Y con un estilo de vida muy dado al consumo al aire libre, con lo que eso comporta en términos de basura y cobertura de servicios. La receta de José Bernal para ampliar la capacidad de maniobra de los ayuntamientos es diferente. E incluye dos ideas: la inversión directa del Gobierno a través de planes como el extinto Qualifica y la inclusión de cláusulas de singularidad que permitan liberar el presupuesto congelado por leyes como la que regula el funcionamiento de la administración local.

En este punto coinciden el cien por cien de los alcaldes. Los ayuntamientos del litoral se sienten excesivamente maniatados por las nuevas exigencias locales, que en ocasiones, y dada la necesidad, derivan en situaciones extraordinariamente llamativas y rocambolescas. Es el caso de la propia Marbella, que nada más que este año acumula un superávit de 55 millones de euros, sin que ninguno de ellos pueda de momento ser destinado a obras o prestaciones como las que plantea el turismo. Y mucho menos, sin incluyen contrataciones, ya que la ley prescribe la reposición cero, lo que dificulta también que cubran algunos puestos. Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, incide en la necesidad de hacer excepciones y abrir el grifo. Y más teniendo en cuenta el comportamiento financiero de la mayoría de las localidades, que han completado el pago de la deuda y poseen remanentes de dinero sin utilizar.

Otra gran demanda de consenso es, sin duda, que el Estado sea más generoso con el dinero que brinda a los municipios turísticos, que son los que más fondos proporcionan a través del cobro del IVA. En la Costa del Sol existe el pensamiento generalizado de que se da mucho más de lo que se recibe. Y, sobre todo, de lo que se necesita para asumir el aluvión de gastos de la temporada alta. «Si se deja a los ayuntamientos solos, el sector dejará de ser sostenible. Debemos evitar el riesgo de que estalle la burbuja turística», comenta Víctor Navas, de Benalmádena. No es un asunto menor, sin duda.

Situación de partida

El coste del verano y las dificultades de los municipios

Marbella

Los gastos extra que soporta la administración en verano vienen tanto del turismo residencial como del vacacional, que genera una importante presión sobre los recursos públicos. La población censada de Marbella -de alrededor de 140.000 habitantes, según el censo de 2016- se multiplica en la realidad por las grandes bolsas de residentes no empadronados y por los turistas de paso. Hasta el punto de duplicar, y en algunos momentos, triplicar la cifra global de habitantes. Al igual que otras localidades de la costa, Marbella tiene el problema añadido de la dispersión y de contar con núcleos diferentes de población, lo que incrementa los costes.

Torremolinos

Con 68.000 vecinos en el censo y casi 300.000 personas en agosto, Torremolinos es el municipio que más pernoctaciones-alrededor de 5 millones- aporta a la Costa del Sol. El peso añadido del verano se nota en la evolución de la basura retirada, que pasa de las 2.700 toneladas del invierno a las 4.800 del periodo estival.

Benalmádena

El alcalde, Víctor Navas, alude a un incremento poblacional que va de los 69.000 residentes oficiales a 250.000. Se trata del segundo municipio en cuanto a noches hoteleras, con más de tres millones. Y una estancia media mucho más extensa que la del resto: 5,78 días. Benalmádena también tiene dificultades para organizar la prestación de servicios. Sobre todo, por el incremento desmesurado de la demanda que se produce en estas fechas.

Mijas

El perfil turístico de Mijas está más orientado hacia el turismo residencial, lo que provoca que las dificultades se den, principalmente, a través de esta modalidad. En la localidad el salto de población es rotundo: de 78.000 a 170.000. Juan Carlos Maldonado habla de un conjunto de gastos extraordinarios entre los que destaca el suministro de agua, muy relacionado con la falta de saneamiento que sufre desde hace décadas la provincia. El municipio cuenta con 140 agentes de la policía local.

Vélez-Malaga

El recuento demográfico de Vélez-Málaga (80.000 personas) se queda igualmente corto si se añade la población no censada y el registro real veraniego, que elevan la cifra a 120.000 y 180.000 habitantes, respectivamente. Con una planta hotelera con capacidad para 5.199 viajeros, la localidad ha tenido que asumir este verano una inversión de más de 480.000 euros para adecentar las playas y corregir los efectos de los temporales. El Ayuntamiento también asume la organización de eventos especiales, que en este caso, con varios núcleos, se multiplican.