El pleno del Ayuntamiento de Málaga, con la mayoría absoluta de los grupos de la oposición, ha acordado la realización de una investigación interna «de oficio» sobre los miles de expedientes de infraccción fechados en los diez últimos años en la Gerencia de Urbanismo que corrían peligro de prescribir al no haber sido tramitados, según informó La Opinión de Málaga. Más aún, una vez realizada esa investigación se solicitará a la Secretaria General o a la asesoría jurídica un informe para conocer si se pudo «incurrir en negligencia o presunto delito», e incluso depurar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse.

El equipo de gobierno del PP ha votado en contra de esta investigación, aunque sí se ha mostrado favorable a la realización de una auditoria sobre el mismo asunto. De hecho y pese a su voto contrario, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares ha confirmado que se encargará un informe interno que "permita conocer el estado de todos los expedientes". El equipo de gobierno se había venido resistiendo hasta ahora. Ha hecho falta que el asunto haya pasado por la comisión de Urbanismo, por la comisión especial de Transparencia y por un consejo rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo donde los grupos de la oposición, en su totalidad, han reclamado conocer la situación de esos expedientes de infracción. No lo han conseguido, pero si han logrado arrancarle al PP el compromiso político de que se investigará y se conocerá el estado de esos expedientes.

En el pleno de hoy, el PSOE ha sacado adelante su exigencia de que se lleve a cabo una investigación interna "de oficio" en la Gerencia de Urbanismo que determine qué expedientes han podido prescribir o caducar desde 2006. Aun más, el resultado de esta investigación interna se llevará a la Secretaría General o a la asesoría jurídica para que emitan un informe que permita conocer "si se ha incurrido en negligencia o presunto delito" y "depurar las responsabilidades políticas que se pudiera derivar de estas investigaciones. En el mismo sentido, ha contado con el respaldo de todos una moción de Ciudadanos pidiendo la realización de un informe de "la cantidad y naturaleza de los expedientes sancionadores que han prescrito en los úlimos diez años".

El pleno ha ratificado también las propuestas ya acordadas en la comisión de Ordenación del Territorio que fijan la realización de una auditoría y una relación de todos esos expedientes caducados o prescritos. En el debate, la oposición ha sido directa y clara. "¿Sabe usted, señor De la Torre cuantos expedientes han caducado y cuantos han prescrito", le ha preguntado el socialista Daniel Pérez al alcalde. "Si no sabemos cual es la situación, no podremos actuar", ha añadido. Y ha dudado de que no puedan darse datos exactos en estos momentos, "si se ha dado una información exhaustiva sobre las licencias, ¿porqué no se ha podido dar sobre los expedientes?", se ha preguntado. Pérez ha vaticinado que en este asunto "se ha podido cometer delito y el culpable de ello sería el alcalde".

"Queremos saber las cifras y los porqués", ha dicho la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo. "Pedimos eficacia y eficiencia", ha añadido Alejandro Carballo de parte de Ciudadanos, refiriéndos etambién a la tardanza en la concesión d elas licencias de obras. "Esta situación no pueden justificarla apelando a problemas de hace 20 años, como pretende el alcalde", en palabras del concejal no adscrito Juan José Espinosa. Por último, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla calificó el tema de "muy grave" por lo que "es necesario una información detallada de los casos".

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares ha recordado que se está elaborando un plan de inspección sobre este asunto y se ha comprometido a la realización "de un infome sobre el estado de todos los expedientes" y pese a no ofrecer datos que lo respalden ha asegurado que en la Gerencia de Urbanismo "no consta que haya habido prescripciones intencionadas".