El Área de Protección de Menores de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha efectuado cuatro detenciones de los miembros de una trama para la compraventa de un bebé de ocho meses a una mujer de origen ruso. Los detenidos son el matrimonio de septuagenarios, españoles y residentes en Málaga, que iba a quedarse con el pequeño; la traductora y un abogado, que actuaron como intermediarios. Las pesquisas han permitido determinar que la pareja pagó 100.000 euros en diversas entregas. La operación ha sido comunicada esta mañana en rueda de prensa por el delegado del gobierno andaluz en la provincia, José Luis Ruiz Espejo. Los arrestos se llevaron a cabo en Vélez Málaga, aunque la investigación se ha desarrollado en la capital y otros municipios de la provincia, dado que el matrimonio tiene un amplio patrimonio inmobiliario.
Según ha explicado todos ellos han pasado ya a disposición judicial. Las investigaciones se han prolongado un mes y medio y concluyeron hace tan solo unos días. Ruiz Espejo ha señalado que el matrimonio, ya con el bebé en su poder, lo llevó a la pediatra y esta, al sospechar que el niño sufre una enfermedad genética, mostró su interés en hablar con la madre, pero los septuagenarios sólo pudieron dar vagas justificaciones como que estaba trabajando, no podía venir o estaba en su país natal: Rusia. La doctora sospechó y avisó a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, que a su vez visitaron la vivienda y detectaron que no se cumplían las condiciones mínimas de salubridad e higiene para que crezca un niño y menos un bebé de ocho meses. El delegado de gobierno ha señalado que, rápidamente, los técnicos se pusieron en contacto con el Servicio de Protección de Menores y estos, a su vez, con la Policía Autonómica.
Los ancianos habían pagado a la mujer rusa para que viniera a la provincia embarazada de ocho meses, diera a luz en un centro sanitario malagueño (cuyos datos no han querido revelar los investigadores) y acudiera junto al hombre a inscribir al niño en el Registro Civil como hijo natural de ambos. Los agentes comprobaron que el supuesto padre no había viajado nunca a Rusia y que no tenía pasaporte, por lo que había falseado su paternidad.
Es en ese momento cuando se inicia la búsqueda del matrimonio, de gran complejidad porque este tenía varias casas repartidas en toda la provincia. Una vez localizadas todas las direcciones, se armó un dispositivo policial en varias ciudades, incluidas Málaga capital y Vélez Málaga. De hecho, los agentes pensaba que el matrimonio se hallaba escondido. Encontraron a los ancianos y al bebé en una cochera veleña que no reunía, ha dicho Ruiz Espejo, las mínimas condiciones de higiene y salubridad. Por supuesto, fueron detenidos.
Ruiz Espejo ha señalado que el matrimonio pagó a la mujer rusa, de 30 años, 100.000 euros en diversas cantidades. Esta volvió a su país. En sede policial, el hombre reconoció que el bebé no era suyo y que él y su esposa pagaron para reconocer al hijo de esta mujer entregando varias sumas de dinero. También se localizó por su declaración a una traductora rusa que actuaba como intérprete para comunicarse con la madre y un abogado. Todos ellos han sido imputados por un presunto delito contra las relaciones familiares y ya han pasado a disposición judicial.
El bebé se encuentra con una familia de acogida con todas las garantías para su normal desarrollo y el Servicio de Protección de Menores ya ha iniciado los trámites para declarar su desamparo.
Evitar sospechas
El jefe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, Miguel San Andrés, ha señalado que sospecharon que el matrimonio y el niño de ocho meses se trasladaron a la cochera, que había sido reconvertida en vivienda, para que no saltasen las alarmas entre los vecinos, "que sí podían sospechar y denunciar a la policía". Ha asegurado que fue la pediatra la que sospechó dado que, al creer que el menor sufría una enfermedad congénita, debía hablar con la madre. Las evasivas de estas dos personas mayores fueron fundamentales para que la médica avisara a los Servicios Sociales comunitarios, cuyos técnicos detectaron en una visita a una de las casas que "las condiciones de salubridad e higiene no eran las más adecuadas".
Ahora, están tratando de localizar a la madre biológica, aunque sólo podrán detenerla si se presenta en España.
