Son la cara visible de la administración en muchos colegios e institutos. Se encargan de llevar a cabo todos los trámites burocráticos, a veces lentos, complejos y desbordantes, como cada mes de junio, cuando tienen que estar pendientes de publicación de listas, renovación de matrículas, terminación de expedientes, informes de tránsito de niños que pasan al instituto... Los papeles se acumulan y encima, cada 30 de junio les cortan el contrato. La misma montaña de documento les espera en septiembre. Los monitores de educación vuelven a la carga para exigir su contratación a año completo y esta mañana se han manifestado ante el Edificio de Usos Múltiples, sede de la Junta de Andalucía en Málaga.

Más de 50 personas han participado en la concentración de esta mañana.

En la provincia hay 65 monitores afectados por la misma situación. En toda la comunidad autónoma son 430 que tienen contrato discontinuos. Esta movilización, apoyada por el sindicato CCOO, se ha desarrollado de forma conjunta en todas las capitales de provincia andaluzas.

Virginia Vázquez, portavoz de estos monitores, recuerda que en 2013 estos monitores ya protagonizaron quince duros meses de lucha en la calle tras haber sido despedidos. El conflicto terminó en los juzgados, que obligaron a la Junta a readmitir a este personal de apoyo administrativo. "Las monitoras en lucha fuimos readmitidas en nuestras jornadas parciales, recortadas en un 20% al año anterior con la excusa de la crisis, y como discontinuas", recuerda.

Vázquez explica que estas jornadas parciales (en algunos casos los monitores realizan su labor en dos centros educativos con más de 750 alumnos escolarizados cada uno) "son tremendamente insuficientes e injustas". "En estos centros, como en el resto, debemos cumplir con los mismos plazos que cualquier centro en preinscripciones, matriculaciones, inscripciones en servicios complementarios y solicitudes de bonificaciones, además de la atención a la comunidad educativa y las gestiones habituales de recogida, modificación y grabado de altas, bajas, datos, informes de tránsito, ..., pero teniendo jornadas entre 8 y 20 horas a la semana, a menudo en centros con más de 500 alumnos o sumando dos centros diferentes en días alternos, lo que genera una carga de trabajo y estrés que no permite una atención con la dedicación y el esmero que los colegios merecen ni con garantías en la gestión de la documentación que se debe garantizar en toda administración pública", señala.

En los colegios en los que trabajamos, el día 30 de junio, "recién publicada en carrera contrareloj las admisiones en servicios de comedor y aula matinal, la Junta de Andalucía nos cesa, dejando las secretarías desatendidas para las reclamaciones, la documentación acumulada, pendiente el orden y archivo de expedientes para el próximo curso, todo en suspenso hasta el 1 de septiembre, cuando tenemos que compaginar gestiones y documentación atrasada con los plazos para solicitudes de bonificaciones de servicios y la puesta en marcha de toda la documentación y archivos para el nuevo curso", añade Vázquez.

De este modo, los monitores se quedan sin empleo durante dos meses, comenzando una "peregrinación" por las delegaciones de educación para firmar los ceses, volver a entregar toda la documentación necesaria para las nuevas contrataciones a partir de septiembre, la seguridad social para que preparen los certificados de empresa, solicitar cita en el Servicio Andaluz de Empleo para sacar la tarjeta de demanda de empleo, cita en el Servicio Público de Empleo Estatal para solicitar prestaciones... "Tenemos derecho a vacaciones retribuidas sí, pero durante el periodo de contratación, es decir, durante el curso escolar. ¿Le explicamos a los padres y madres que en el mes de noviembre, por ejemplo, no se hacen gestiones en secretaría porque la monitora escolar está de vacaciones? ¿Le explicamos a los escolares que ese mes no hay nadie en secretaría para llamar a sus padres si están enfermos ni para acompañarlos mientras esperan a que los recojan?", se pregunta.