El Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) presentó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga el informe «Razones para el cierre de los CIE: Del reformismo a la abolición», elaborado por siete universidades españolas y que aboga por el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En lugar de la construcción de nuevos centros, como ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los expertos proponen la desaparición de estas instalaciones ya que consideran que carecen de eficacia y ensalzan la actitud «hostil» de las políticas europeas hacia las personas inmigrantes más desfavorecidas. «La privación de libertad de un extranjero simplemente por el mero hecho de ser pobre supone una de las mayores aberraciones del siglo XXI», afirman.

El documento expone las razones desde un punto de vista académico para la desaparición de los CIE, una medida «dolorosa para quienes la padecen, ineficiente para quienes la usan como método para controlar la inmigración y costosa para todos». Durante la presentación del informe, la directora del OCSPI y profesora de Derecho y Criminología de la Universidad de Málaga, Elisa García España, calificó el encierro en estos centros como una medida desproporcionada, ya que la reclusión (según se contempla en las democracias de Occidente) es la sanción penal más grave que se puede imponer, por lo que no entiende que se use con personas que «buscan una vida mejor en nuestro país».

Asimismo, García España denunció que en estos centros no se garantizan unas condiciones mínimas de dignidad. «Cualquier control de calidad de prisiones no lo pasaría un CIE», sostuvo. «La mayoría de ellos se encuentran en antiguas prisiones y cuarteles que no tenían las condiciones adecuadas de habitabilidad por haber quedado obsoletos», añadió. Del mismo modo, lamentó que en estos centros también se interne a menores que se encuentran solos, solicitantes de asilo y víctimas de explotación sexual.

Los expertos coinciden en que los CIE son innecesarios, puesto que el 71% de las personas que fueron internadas el año pasado no fueron expulsadas. Además, recuerdan que la propia Ley de Extranjería recoge alternativas eficaces como el retorno voluntario asistido y la posibilidad de que el juez adopte cualquier otra medida cautelar que estime adecuada y suficiente.

Según Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, dadas las cifras de ineficiencia, tanto económica como humana, «la única alternativa posible es el cierre definitivo de los CIE», así como el cambio de las políticas migratorias.

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Margarita Martínez afirmó que «puede que no exista una medida igualmente eficaz al centro de internamiento» y reconoce que «hay gente que no se quiere ir y no puede ser expulsada en el plazo de 72 horas». No obstante, señaló que en este caso, no es tan importante la eficacia como el «drama humano» que esconden los CIE. Martínez aseguró que con este tipo de medidas se trata a los inmigrantes «como si fueran el enemigo a batir» una situación, que, dijo, le recuerda a la vivida en regimenes totalitarios como los de la Alemania nazi.