El portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente (MpG), Eduardo Zorrilla, criticó ayer la tramitación «exprés» que ha elegido la Junta de Andalucía para la tramitación del rascacielos en el dique de Levante del puerto de Málaga.

El concejal recordó que este sistema «no requiere requisitos ni incluye un estudio detallado del impacto medioambiental», agregando que este espacio planificado es «muy sensible del litoral, puesto que el edificio se construye sobre el mar».

Zorrilla y su compañera de grupo, Remedios Ramos, mostraron su rechazo a este «macroproyecto de tintes especulativos» que «se pretende construir sobre suelo público», argumentando que «ni las normas urbanísticas y de ordenación del territorio permiten un proyecto como este».

Así, señalaron en un comunicado que MpG «rechaza el rascacielos» y «la falta de transparencia en este proyecto», así como que «se flexibilicen los trámites administrativos llevándolos hasta el límite de la legalidad».

Zorrilla apuntó que se trata de un proyecto «opaco», «del que no sabemos realmente quienes son los inversores» y criticó que las administraciones públicas se hayan puesto de acuerdo para «regalar un espacio público durante 75 años a un grupo inversor desconocido». «Lo regala para el negocio y disfrute de unos pocos».

En esa línea, destacó el «enorme impacto visual» que va a tener «esta torre mastodóntica» sobre la «postal de Málaga por excelencia», indicando que dejaría «en segundo plano» a los conjuntos monumentales de Alcazaba-Gibralfaro, la Catedral y el edificio de la Farola. Por su parte, Ramos indicó que este fue uno de los proyectos sobre los que habló este pasado fin de semana durante una reunión que Izquierda Unida mantuvo con responsables de la organización ecologista Greenpeace.