El pasado dos de junio, los jueces de Primera Instancia rechazaron la idea del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de especializar un juzgado en cláusulas suelo, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerase que en el caso de que fueran abusivas habría de devolverse a los consumidores y usuarios lo pagado de más con carácter retroactivo. Sus previsiones estaban claras: sólo hasta final de año, es decir, en siete meses, preveían una entrada de mil cuatrocientas demandas, lo que colapsaría el órgano. Ayer, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, mantuvo su primera reunión de trabajo con la presidenta de la Audiencia, Lourdes García Ortiz, el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, y el juez decano, José María Páez, para analizar la situación del servicio público en Málaga. En declaraciones a los periodistas, pidió al Poder Judicial que rectifique su decisión de especializar un juzgado por provincia en cláusulas suelo, dado que ello «afecta negativamente a los ciudadanos porque los asuntos van a tardar mucho tiempo en ser resueltos».

Sólo en la provincia se habían presentado ayer mil demandas para ser atendidas por este juzgado, para el que la Junta ha preparado siete refuerzos. «Esto beneficia a las entidades financieras», explicó, para indicar después que nadie comparte esta decisión y solicitó al Poder Judicial que dé marcha atrás en septiembre.

El juez decano ya explicó en su día, con el apoyo de abogados, procuradores, secretarios judiciales y otros magistrados, que el plan de especializar un órgano de Primera Instancia en cláusulas suelo estaba «abocado al fracaso», dado que, tal y como se planteó el plan, acabaría desembocando en el colapso de la oficina judicial.

Reiteró el compromiso de los togados con el ciudadano, aunque la situación no se podrá solventar hasta que los juzgados nuevos creados en cada provincia cuenten con los medios materiales y humanos necesarios. «Nuestro compromiso de jueces es con el ciudadano y con la tutela judicial efectiva», dijo.

En Málaga, el famoso plan se ha concretado en la creación de un juzgado bis en Primera Instancia 18, para el que se ha nombrado un juez de prácticas. La idea de la Junta, como corroboró ayer la consejera, es nombrar siete funcionarios. Páez, de cualquier forma, insistió el 2 de junio en la lectura de un manifiesto contra esta idea en que el órgano se colapsaría, de forma que los ciudadanos tendrían respuesta a sus demandas en varios años, justo lo contrario de lo que preveía el Gobierno en su plan de resolución extrajudicial de conflictos por cláusulas suelo. El juzgado, por cierto, es de competencia provincial y ya ha batido todas las previsiones.

También se refirió a la posibilidad de que se desplace a Málaga una sede de lo Penal del TSJA, algo que cuenta con la oposición plena de la sociedad granadina e incluso de la Junta, quien recordó hace meses que la capital nazarí es la capital judicial andaluza y no se puede dividir el Tribunal Superior, algo que de hecho ya ocurre, pues Málaga cuenta con salas desplazadas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social. La consejera indicó que no hay ningún cambio de postura de la Junta en esta materia y ahora la decisión final corresponde también al Poder Judicial.