La Oficina del Derecho a la Vivienda (ODV) del Ayuntamiento de Málaga está teniendo muchas dificultades para que las entidades financieras cedan o aporten pisos para el censo de viviendas vacías, casas que luego serían cedidas a familias con el fin de que pudieran pagar un alquiler social. En el informe de gestión de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, analizado en el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), del pasado 13 de junio, queda claro que muchas entidades o no están dispuestas a colaborar o prefieren hacerlo con el fondo social del Gobierno o con sus propios planes dirigidos a estas familias en riesgo de exclusión social.
Así, la ODV se ha puesto en contacto con bancos y promotores en concurso de acreedores con el fin de que expliquen su disponibilidad de cara a aportar estas viviendas al censo. En abril de 2017 se remitieron correos electrónicos a 15 entidades financieras en los que se les preguntaba si la firma disponía o no de viviendas vacías no aportadas al Fondo Social de Viviendas y que se hallen en Málaga y, si era el caso, si estaban dispuestas a incorporarlas al censo, el número de ellas que podrían registrarse, su naturaleza jurídica y técnica y la forma y condiciones jurídicas en las que el banco las cedería. Además del correo, se les solicitó una reunión presencial.
Una de ellas pidió una reunión para el 7 de junio, mientras que otra explicó que había creado una sociedad para gestionar sus propios alquileres sociales, por lo que no se plantea ceder esas viviendas a las administraciones públicas. Es más, aseguraba tener sólo 66 viviendas ocupadas ilegalmente y otras 36 que no lo están, aunque se hallan en vías de comercialización, pendientes de rehabilitación integral o están inacabada. Eso sí, ofrecen su colaboración al Consistorio según el caso de los clientes.
Otra de las entidades, una de las más importantes, está elaborando un plan para presentar a la oficina, mientras que un cuarto banco aseguró que no tenía casas vacías en Málaga, al igual que una quinta entidad. La sexta de las firmas financieras consultadas afirmó que su intención es que las viviendas disponibles serán aportadas al fondo social de viviendas del Gobierno, aunque ofreció, también, su «máxima colaboración y apoyo». Una séptima compañía financiera aclaró que no disponía de casas mientras que una octava señaló que los domicilios que posee, al margen de los cedidos al fondo social, «son escasas y al igual que las del fondo, se encuentran en comercialización, por lo que no se desarrolla desde dicha entidad un convenio sobre la cesión de viviendas». Asimismo, se celebró una reunión con otras dos entidades, de la que no hacen constar datos en el informe.
También indagó la oficina en el parque de viviendas de las inmobiliarias y promotoras de Málaga a fin de averiguar cuáles están vacías u ocupadas irregularmente, con el fin de que estas pasen al censo y luego el Ayuntamiento pueda facilitarlas a las personas que se hallen en situación de especial vulnerabilidad.
La oficina también se reunió con varias ONG, que pusieron de manifiesto «los problemas que están teniendo para que se les alquile, a los solicitantes de asilo y a los refugiados, vivienda en la ciudad», por lo que solicitaron la realización de campañas para sensibilizar a los propietarios e inmobiliarias, que se ponga más vivienda pública a disposición de estos colectivos, e incluso, que se contacte con líderes de diferentes confesiones religiosas para difundir, entre el colectivo, la necesidad de viviendas para estos».
Pero hay más: en relación al plan de ayudas al acceso a una vivienda en alquiler para familias en riesgo de exclusión social, que el Ayuntamiento aprobó en 11 de septiembre de 2015, se han abierto 1.771 expedientes, de los que 1.602 continúan activos. Pese al volumen, los aprobados, y cuya concesión de ayuda sigue siendo efectiva al presentar el contrato de alquiler, son 409, de los que se han renovado 199 contratos. Hay pendientes de concesión, cuando se haga el contrato de arrendamiento, un total de 422; asimismo, no consta que se haya emitido un informe de riesgo de exclusión social y necesidad urgente de vivienda 769, que son los que están en trámite. Un total de 169 expedientes se han cerrado en el transcurso del tiempo y sólo se ha adjudicado vivienda pública a 64.
Críticas de Málaga para la Gente
El edil de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, critica la escasa disponibilidad de viviendas para las familias que lo están pasando peor y el hecho de que se haya ejecutado un número tan bajo de concesión de ayudas al alquiler. «Se sigue sin rescatar a la gente que lo necesita por parte del equipo de gobierno», explica Zorrilla, quien reclama más agilidad en los trámites y un mayor parque de viviendas públicas con el fin de que quienes están en riesgo de exclusión social puedan hacer frente al alquiler.
