Los tribunales han vuelto a librar al Ayuntamiento de tener que abonar sumas multimillonarias por las expropiaciones de terrenos que la Corporación se comprometió a expropiar hace varios años y no lo hizo. Ello permitió a los propietarios de esas parcelas reclamar la expropiación forzosa y pedir por ella importantes cantidades
En este caso ha sido el Tribunal Supremo (TS) el que ha dictado una sentencia, tras ser recurrida la que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que resuelve que el justiprecio que deberá abonar el Ayuntamiento por una expropiación es de 4.839.860 euros, cuando la empresa afectada por la expropiación reclamaba 68.234.784 euros.
En su momento, abril de 2008, la Gerencia de Urbanismo aprobó la expropiación en 3.210.353 euros, mientras que la comisión provincial de valoraciones elevó el pago hasta los 3.956.285.
Caso paradigmático
El caso es paradigmático. La empresa en cuestión, una promotora de viviendas, compró en enero de 2007 una parcela correspondiente a la parte trasera del colegio El Monte y pagó por sus 21.881 metros cuadrados la cantidad de 3.606.073 euros.
Seis meses después, en junio de 2007 la empresa eleva a la Gerencia de Urbanismo una petición de expropiación fijando un justiprecio de 68.234.784 lo que supone una valoración 19 veces superior al precio de compra. De ellos, 61.363.730 corresponden al valor del suelo, 3.621.777 al de la arboleda y 3.249.275 por el 5% de premio de afección.
La empresa se valía para ello de una argucia legal ya que dicha parcela, al igual que otras que están en el entorno de Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.
Esto fue lo que hizo esta empresa promotora, que quiso revalorizar por arte de especulación una zona verde comprada a las monjas del colegio de El Monte.
Ahora, gracias a esta resolución final del Tribunal Supremo el Ayuntamiento sólo deberá abonar 1.206.278 euros, que se sumarán a los 3.210.353 euros, que acordó en 2008. De ellos, 883.575 serán en concepto de aumento del precio de la expropiación y 322.703 euros por intereses de demora.
