El bufete Carazo y Grana Abogados, de Málaga capital, a través de uno de sus socios, Francisco García Gómez, se ha unido a la denominada Red Nacional de Abogados, formada por 45 despachos de toda España, para reclamar de forma conjunta más de 100 millones de euros por el cártel de los fabricantes de camiones que pactó los precios entre 1997 y 2011, algo que provocó un encarecimiento en el precio de venta de los camiones de hasta un 20 por ciento del total.

En Málaga, más de 200 afectados se han unido a esta reclamación. Los despachos integrantes de la red representan a más de un millar de afectados de toda España, lo que supone más de 5.000 camiones, indica el bufete en una nota.

Los 45 despachos están preparando una serie de demandas en las que reclaman a las grandes industrias europeas fabricantes de camiones (Iveco, Volvo, Renault, Daf, Man, Daimler), por los perjuicios causados a los propietarios de camiones, a causa de este concierto, algo que el pasado mes de abril motivó una resolución de la Comisión Europea en la que se impuso la sanción a las empresas concertadas.

A este respecto, el bufete malagueño (teléfono 952 210 631) informa de que el plazo que tienen los perjudicados para reclamar se extenderá hasta abril de 2018, es decir, un año de plazo desde la publicación de la resolución en el diario oficial de la UE. Además, el pasado 24 de mayo se aprobó la trasposición de la directiva europea que permite reclamar en España a las grandes multinacionales, con lo que "es realmente factible obtener la correspondiente indemnización", señala Carazo y Grana Abogados en un comunicado.

La nota también informa de que, según diversos expertos, el cártel funcionaba encareciendo artificialmente los precios totales de los camiones (camiones rígidos y cabezas tractoras de más de 6 toneladas), con lo que el coste de diversas modificaciones que, en materia de emisiones, era necesario introducir en los vehículos repercutía indebidamente en los compradores. De esta forma, en un camión o cabeza tractora de coste medio de 100.000 euros el sobreprecio podía llegar hasta los 20.000 euros.

La Red Nacional de Abogados destaca que existen miles de pequeños empresarios del transporte, titulares de pocos camiones, que todavía están a tiempo de reclamar. Solo en Málaga se calcula que puede haber unos 15.000 camiones afectados, cuyos propietarios todavía no han reclamado, o incluso, ni tan siquiera saben que pueden reclamar, señala la nota.