El Ayuntamiento de Málaga podrá adjudicar el contrato para el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad que un juez había dejado en suspenso en mayo pasado. Ese mismo juez, el titular del juzgado Contencioso Administrativo número 2, ha ordenado levantar esa suspensión al atender el argumento municipal de que la misma supone un perjuicio para la ciudad y sus zonas verdes, según ha anunciado el concejal de Medio Ambiente Raúl Jiménez.

La decisión judicial, que no entra áun en el fondo de la demanda presenta en su día por el grupo Málaga Ahora, permite al Ayuntamiento ejecutar la adjudicación del concurso de parques y jardines que, aunque fue acordada en febrero de 2017 no llegó a ponerse en marcha por la decisión del juez de suspender cautelarmente dicha adjudicación en mayo.

12,4 millones por año

El contrato para el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad fue adjudicado en febrero pasado por 12,5 millones de euros al año siendo cuatro los años del contrato, a cinco empresas, Fomento de Construcciones y Contratas, Conacón, Perica Obras y Servicios, Contenur y Covico 2015, cada una de las cuales deberá ocuparse de una zona determinada de la ciudad.

Así el nuevo reparto será por lotes. El primero es el que aglutina los jardines del distrito 1 y los emblemáticos de la ciudad, Málaga Este, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz; el segundo, incluirá Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos; y el tercero es sólo para las zonas forestales. El lote cuatro es para mantenimiento exclusivo de juegos infantiles, y por último, el quinto es el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. El contrato supone un coste de 49,8 millones de euros por el total de cuatro años que tendrá vigor, lo que viene a ser una inversión anual de 12,4 millones de euros.

Málaga Ahora había presentado una demanda contra la licitación del concurso de parques y jardines alegando varios argumentos como desequilibrio financiero, por inducir a presentar un ERE a una de las empresas, por presunto desvío de dinero público y por presunto fraude en la aplicación del IVA.