Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Erario' contra la corrupción y el fraude a la hacienda pública desarrollada en Málaga, han desarticulado un grupo criminal dirigido por un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Málaga.

Han sido detenidas 12 personas --seis hombres y seis mujeres con edades comprendidas entre los 27 y 57 años-- por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contra la hacienda pública y cohecho.

La operación se ha llevado a cabo con la práctica de siete registros en la provincia de Málaga --cuatro domicilios y tres despachos profesionales-- en los que se decomisaron varios ordenadores y documentos probatorios. Además en el transcurso de la investigación se han bloqueado, a requerimiento de la autoridad judicial, varias cuentas bancarias y se han intervenido un total de 122.522 euros.

La operación, según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado, ha puesto al descubierto la involucración en el entramado delictivo investigado de un despacho de abogados y una asesoría de la ciudad y distintas personas físicas, además del despacho profesional del cabecilla de la trama.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de marzo con la denuncia de un ciudadano a quien un funcionario de la Agencia Estatal Tributaria en Málaga le había propuesto no abonar a la agencia los tributos que le correspondería pagar en el marco de una inspección tributaria, a cambio de pagarle a él una cantidad mensual fija y una cantidad porcentual al supuesto ahorro.

Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que el investigado dirigía y coordinaba una organización criminal asentada en la capital malagueña e integrada por siete personas en la que cada uno de sus miembros realizaba una función determinada que él mismo distribuía y supervisaba, asimismo se pudo acreditar la existencia de otras personas físicas y jurídicas que se beneficiaban de esta estructura criminal para evitar o disminuir el pago de los tributos a la Agencia Estatal Tributaria.

Para la obtención de los objetivos marcados, la red contaba con el asesoramiento mercantil y financiero y la participación de distintas personas físicas y despachos profesionales de la capital malagueña.

El investigado se valía de su puesto como funcionario público para acceder a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, allí obtenía información que posteriormente utilizaba para cometer los ilícitos. Igualmente los investigadores constataron que esta persona falsificó facturas y manipuló declaraciones de determinados contribuyentes.

Asimismo se descubrieron las relaciones del funcionario investigado con un despacho de Madrid para expandir el negocio, llegando a abrir un despacho profesional del que formaba parte junto a otras dos personas.

Como consecuencia de la actividad desarrollada, los defraudadores --identificados y detenidos en el transcurso de las investigaciones-- obtenían beneficio económico, justificando fraudulentamente u ocultando datos en las declaraciones de impuestos presentadas ante la Hacienda Pública tanto por sociedades como personas físicas.