El Colegio de Abogados de Málaga ha iniciado los trámites para incluir en el Código Penal un nuevo subtipo agravado en el artículo 337, con objeto de dotar de una mayor protección a los animales y de aumentar la penalidad en determinados supuestos de maltrato no previstos en dicho artículo.
Así lo anunció ayer el decano malagueño, Francisco Javier Lara, quien hizo entrega de un dossier que incluye los colegios de abogados y asociaciones de toda España que respaldan esta iniciativa al diputado nacional del PP y portavoz adjunto de la Comisión de Justicia, Avelino Barrionuevo, y al senador popular y portavoz de la Comisión de Constitucional, Joaquín Ramírez.
Les acompañaron la vicedecana de la corporación colegial, Inmaculada Atencia, y la responsable de la sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio, Rosario Monter.
El incremento de las penas que se reclama hace referencia fundamentalmente a los casos de maltrato continuado en el tiempo, sobre un número elevado de animales, ocasionando su muerte, así como a aquellos supuestos en los que quien comete el delito es precisamente quien tiene la obligación legal y/o contractual de velar por el cuidado, protección y bienestar de los animales, según informó el colegio en un comunicado.
En concreto, lo que se solicita es aumentar la pena a un mínimo de tres años de privación de libertad y un incremento de cuatro a seis años -como mínimo- respecto a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio. También se pide la prohibición total para la futura tenencia de animales, sin límite de tiempo.
Desde el colegio consideran que, «pese a la reciente y loable reforma del Código Penal, el artículo 337 sigue siendo insuficiente para el castigo de determinados supuestos de especial gravedad, como es el caso de los que se cometen en instalaciones cuyo fin es la protección de los animales».
El objetivo que se persigue «es equiparar la normativa a la de países de nuestro entorno, como Francia, donde se prevén dos años de prisión efectiva, o Alemania, donde se imponen penas de privación de libertad de hasta tres años».
