Esta vez sí, o al menos eso parece. La palabrería y la declaración de intenciones que van y vienen de boca de los políticos como reacción a casos de violencia de género se ha rendido ante la perseverancia de las federaciones de mujeres que decidieron aunar fuerzas el pasado 7 de noviembre de 2015, para dejar de guardar silencio ante unas muertes que no dejaban de subir. Esta vez sí, esta vez todos los partidos políticos se han unido en pro de sellar un pacto histórico que implique a todas las administraciones y partidos contra la cara más feroz del machismo y del que quedó constancia el lunes 31 de julio sin contar con el sello de Unidos Podemos quien decidió desvincularse en el último momento.
Varios frentes están abiertos para socavar una lacra social cuya gravedad va más allá de la cifra de la vergüenza de las más de 800 mujeres asesinadas en los últimos 15 años. Con más de 200 medidas, esta alianza, pretenden marcar la hoja de ruta para prevenir y paliar un fenómeno estructural que hunde sus raíces en un sociedad aún profundamente patriarcal. Por lo que, aunque es un pacto nacional,las comunidades autónomas y sus gobiernos están llamados a unirse a esta batalla,pues muchas de las medidas tienen que ver con su ámbito competencial.
De hecho, ambos acuerdos están repletos de referencias a lasadministraciones autonómicas y ayuntamientos, a quienes, además, les corresponde 500 de los 1.000 millones comprometidos presupuestariamente (400 para comunidades y 100 para ayuntamientos) en los próximos años. Las medidas no pueden «vincular» a las comunidades cuando afecte a sus competencias, pero parece lógico que el consenso prime.
La ofensiva»nacional» ha llegado tarde en algunas medidas que ya se estaban llevando a cabo en Andalucía, como la atención a los menores, quienes recibirán atención psicológica y pedagógica. Así como la atención a los huérfanos que tendrán derecho a pensiones inmediatas y se les dará prioridad a sus tutores para acceder a una vivienda de protección. También en cuestiones de sanidad, la Junta se ha adelantado a este acuerdo, puesto que ya incluía entre las medidas que recoge la Ley Andaluza de Violencia de Género los protocolos de detección sanitaria que dedican una formación especializada a los profesionales de la salud para la detección precoz de la violencia de género y la formación en género en las especialidades médicas.
Este acuerdo pone por primera vez pone el foco en las aulas y refuerza las medidas que ya se estaban contempladas en la Ley Andaluza de Violencia de Género, que incorporaban entre su agenda educativa contenidos de igualdad. Un punto vital que se verá reforzado mediante la adhesión de materias que eduquen en la igualdad de género, el machismo y la violencia en todas las etapas escolares incluida la etapa universitaria. Así, si las negociaciones que se llevarán a cabo este mes para decidir qué medidas se harán efectivas a partir del año 2018 llegan a buen puerto; todos aquellos que quieran acceder a una plaza pública deberán examinarse también con este temario.
Con todo, y a pesar de que aún no se ha conseguido establecer todas las medidas que desde las federaciones de mujeres han venido reclamando, este pacto supone un antes y un después en la lucha contra aquellos que consideran a las mujeres como un ente de sumisión en lugar de un ser igualitario.
Entre las medidas que se firmaron, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, María del Carmen Moreno, ha querido destacar la ampliación del concepto de violencia de género, extendiéndola a todos los ámbitos de violencia contra las mujeres, con la que se consigue respaldar a las víctimas cuya violencia no se ve retratada en el cuerpo. Además, de la reforma penal para la suspensión del régimen de visitas a menores o la suspensión de la custodia cuando haya una orden de protección.
María del Carmen Moreno lamenta que no se hayan incluido entre las 220 medidas algunas de las que se incluían en la propuesta andaluza como la de equiparar el terrorismo machista a otros tipos de terrorismo y evitar, como la propia Pepi Sierra, presidenta de la federación de mujeres Ágora, defiende que «no haya víctimas de primer segundo grado». Así como, garantizar que ningún condenado por violencia de género acceda o se mantenga en ningún cargo público, además de privar alagresor de la patria potestad en casos de asesinato.
Educación
La igualdad, a examen en las escuelas . Uno de los puntos claves de las propuestas del Congreso y el Senado tiene que ver con el ámbito educativo, ya que supone asumir que la violencia de género no es un hecho aislado sino que hunde sus raíces en una cultura machista que sólo puede erradicarse desde la educación y a edades tempranas. De ahí, la apuesta por la inclusión en todas las etapas educativas de asignaturas específicas sobre igualdad de género, machismo y educación emocional y sexual. Las diferentes comparecencias en el Congreso y el Senado (se ha escuchado la voz de expertas y especialistas) han puesto de relieve la importancia de trabajar en el ámbito educativo y han alertado sobre el repunte de conductas machistas en la adolescencia. Talleres y actividades formativas, profesorado responsable en coeducación, planes de convivencia, protocolos contra el acoso escolar, unidades de igualdad en los temarios de acceso a los cuerpos docentes e incluso introducir en los libros de Historia el origen y desarrollo del Movimiento Feminista son algunas de las cuestiones recogidas en ámbito educativo. Además, para el título de grado en educación infantil o primaria de las Facultades de Educación, tanto en enseñanza privada como pública, deberá introducirse una materia específica sobre prevención.
Sensibilización
Romper con el silencio. El objetivo de sensibilizar a la sociedad y concienciarla se concreta en la propuesta de fomentar las campañas institucionales con mensajes positivos hacía las víctimas y de rechazo hacia los maltratadores. Específicamente, se busca implicar a los ayuntamientos en la elaboración de campañas y protocolos de actuación así como en la puesta en marcha de puntos seguros de información sobre la violencia sexual en espacios públicos. En el paquete de medidas del Senado se propone que estas campañas tengan como objetivo las fiestas populares o actividades masivas como festivales de música. Es una respuesta a situaciones de agresión sexual como las vividas en los San Fermines. También se plantea reforzar la vigilancia policial en puntos negros, como pueden ser los aparcamientos, los callejones, etc. Son novedosas las actuaciones previstas para erradicar los contenidos sexistas en los medios audiovisuales y en la publicidad. Por un lado, se insta a publicar en la web del Observatorio de la Imagen de las Mujeres las sanciones por contenidos degradantes, incluido internet. Para reforzar actuaciones inclusivas se plantea una nueva regulación para que el código identificativo de productos audiovisuales recomendados en igualdad de género sean más visibles. Las ayudas a la producción deberán tener en cuenta informes de impacto de género.Sanidad
Asistencia sanitaria y sistema de cribado. Las políticas sanitarias también son claves para luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y varias son las vías abiertas. Por un lado, con la especialización de los profesionales sanitarios introduciendo en todos los centros protocolos de actuación. Es necesaria la formación especializada del personal médico y de ahí que se quiere que la formación en género esté presente en todos los estudios médicos y en todos los planes de las especialidades del MIR. El Senado, por su parte, hila más fino y reclama que en las carreras universitarias de ámbito sociosanitario se incluya una asignatura obligatoria con la temática «Género y Salud». Además, propone llevar al Consejo Interterritorial la posibilidad de establecer protocolos para que las mujeres entren solas en las consultas, así como impulsar en las comunidades autónomas la asistencia sanitaria y reparadora, especialmente en unidades de Salud Mental para madres y sus criaturas. Otra de las medidas es la distribución en todos los servicios públicos de un test de autodetección para mujeres víctimas y hombres agresores, así como unidades especializadas de Salud y Género. Las mujeres gitanas y las etnias minoritarias son también objeto de atención ya que se plantea para ellas políticas específicas.
Protección a la víctima y al menor
Revisión a fondo de los planes de atención. Se propone la revisión de los planes actuales de atención a las víctimas con el objetivo de asegurar un acompañamiento a la víctima en todo el proceso de recuperación: cobertura sanitaria, psicológica, jurídica, acceso a casas de acogida, etc. Se busca avanzar en poner a disposición de las víctimas recursos para su atención a pesar de no presentar denuncia. Con el fin de coordinar actuaciones y ser más eficaces, se plantea revisar conjuntamente con las comunidades autónomas los protocolos sobre casa de acogida, así como asegurar la existencia de viviendas dignas para las mujeres. El uso preceptivo de la vídeo-grabación en las declaraciones de menores o su derecho a ser escuchados en el ámbito judicial también aparecen recogidas como medidas en un documento que incluye el derecho de la descendencia a quitarse el apellido el padre maltratador. También se recoge apoyo y la asistencia a los hijos e hijas de víctimas formales. Por otro lado, se quiere abordar en las estadísticas los abusos a menores e implicar a las grandes compañías de redes sociales en la necesidad de ofrecer contenidos en igualdad.
Medidas judiciales
Ampliación del concepto de violencia contra la mujer. El punto de partida de las medidas enmarcadas en el ámbito de la Justicia es ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer incluidos en el Convenio de Estambul. Por otra parte, se plantea suprimir el atenuante de confesión en los delitos de violencia de género y el de reparación del daño. En los casos de mutilación genital femenina debe aplicarse la circunstancia de agravante. Se plantea también toda una serie de modificaciones en el código penal para endurecer tipos concretos de delitos vinculados con el machismo, como las injurias o calumnias en las redes sociales. Por otro lado, se aboga por excluir la relevancia del consentimiento de la víctima en caso de quebrantamiento de la condena o medida cautelar. El cerco al maltratador incluye la absoluta prohibición de la mediación, al tiempo que se descarta la custodia compartida en caso de violencia de género, aunque todavía no exista sentencia en firme. El Congreso de los diputados plantea dar voz a las quejas de las mujeres víctimas y de las personas profesionales sobre posibles irregularidades o anomalías en judiciales para que puedan investigarse. Y para evitar la victimización secundaria se pide que los juzgados especializados impidan la confrontación entre la víctima y el agresor.
La hoja de ruta del pacto
Diálogo con las comunidades y compromiso económico. Las propuestas consensuadas esta semana en el Congreso de los Diputados y el Senado son la antesala del Pacto de Estado que deberá ahora promover el Gobierno de España. De hecho, ambas cámaras instan al ejecutivo a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género con la participación del Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y cuyo objetivo es impulsar políticas para erradicar la violencia contra la mujer. Así, el Gobierno deberá sentar en una mesa a los gobiernos autonómicos (conferencias sectoriales de Sanidad, Educación, etc) para estudiar las medidas y establecer mecanismos de coordinación. Se insta también a dotar las partidas presupuestarias. El compromiso económico en cinco años son mil millones de euros: 100 millones para las entidades locales, 500 millones adicionales para las comunidades autónomas y otros 400 adicionales destinados a competencias estatales contra Violencia de Género. Se constituirá una comisión permanente para hacer seguimiento y evaluación.
