La estabilidad presupuestaria es la pauta que fija que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo del año. La mayoría de los ayuntamientos vienen soportando el peso de tener que reducir el déficit público, y muchas veces se quejan de que han de hacerlo prestando más servicios de los que les competen y, por supuesto, con menos recursos de los necesarios. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por ejemplo, alude una y otra vez a la necesaria descentralización local de la administración. Desde hace tres ejercicios, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro mira con lupa lo que se gastan los municipios y ejerce un control exhaustivo de sus balances económicos, en función de sus propios presupuestos, que han de enviar al inicio de cada año. Los esfuerzos por adaptarse al techo de gasto están logrando que en 2016 solo tres ayuntamientos de la provincia de Málaga no cumplan los objetivos de control económico, y tengan que poner en marcha ajustes para revertir estos desfases contables.
En el año 2014 se comenzaron a hacer públicos los datos sobre la situación de cumplimiento o no de los ayuntamientos del Estado (a excepción de los del País Vasco y Navarra). Desde entonces, la situación de los consistorios de la provincia ha venido mejorando paulatinamente. Al cierre de aquel ejercicio económico fueron 15 los ayuntamientos incumplidores, que además terminaron el año con saldos financieros en negativo (según sus propios criterios presupuestarios). En 2015, sin embargo, esta cifra descendió considerablemente, hasta la decena. En 2016 solo han sido tres: Cortes de la Frontera, Rincón de la Victoria y Torremolinos, tres municipios que, además, han aparecido desde el principio en esta lista negra del Ministerio por el desequilibrio que presentan en sus cuentas.
Incumplidores
La inclusión en la relación de quienes inclumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria (hasta el 2014 no salían a la luz los nombres de estos ayuntamientos a los que no les cuadraban los números) obliga a los consistorios a elaborar planes de ajustes económicos.
Es lo que va a hacer el nuevo equipo de gobierno de Rincón de la Victoria, sin ir más lejos, que tras la moción de censura que ha depuesto a la socialista Encarnación Anaya de la alcaldía, afirma que se ha encontrado partidas en las que ya se había gastado el 70% del presupuesto de todo el año y otras incluso en las que se había gastado el 100%. Por ello, el pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado 3 de agosto, aprobó de manera inicial (con los votos a favor de PP-PA, Cs, y en contra de la oposición) el general consolidado para este año, que contempla 39,3 millones de euros en gastos, y 41,8 millones de euros en ingresos, con un superávit inicial de 2,5 millones de euros en aplicación del Plan Económico Financiero.
El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), justifica la necesidad de elaborar un nuevo documento económico «para continuar prestando los servicios hasta la finalización del presente ejercicio», y, obviamente también, por los continuos requerimientos de la Junta de Andalucía para la elaboración y aprobación de un Plan Económico Financiero para resolver los incumplimientos de la regla del gasto, la estabilidad presupuestaria y el objetivo del límite de la deuda de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, «ya que se había incumplido esa normativa en el año 2016 en relación a la Liquidación del año 2015».
La situación de Cortes de la Frontera, es aún más crítica. Los trabajadores municipales llevan siete meses sin cobrar sus nóminas. Y eso que, como denuncia el sindicato CSIF, hace un año los distintos grupos de la Diputación de Málaga aprobaron por unanimidad conceder una ayuda extraordinaria, urgente y reintegrable, conforme a la ley, para el abono de los sueldos pendientes y garantizar la liquidez del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.
Según los datos de Hacienda, este ayuntamiento cerró el año 2016 con un saldo negativo de 205.761 euros (sin contar las deudas pendientes). La misma tónica de los últimos años, que hace que no levante cabeza (aunque en 2015 obtuvo un balance positivo de 59.970 euros, para el Ministerio seguía sin cumplir los objetivos de déficit).
Torremolinos, por su parte, ha venido saliendo y entrado de la lista. Este año ha terminado con un balance favorable de 25,2 millones, insuficiente para Hacienda.
No mandan información
En este exhaustivo repaso que el departamento de Cristobal Montoro hace de las cuentas locales, llama y mucho la atención que hasta 21 municipios no han remitido sus balances económicos. Algatocín, Antequera, Ardales, Arenas, Arriate, Benahavís, Faraján, Frigiliana, Genalguacil, Jubrique, Júzcar, Marbella, Montejaque, Parauta, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Sedella, Vélez Málaga, Montecorto y Serrato no han enviado al Ministerio información y, por tanto, éste no puede saber si han cumplido o no el objetivo de estabilidad. Y aquí hay ayuntamientos de todos los signos políticos.
