Más de 23.600 mayores de 65 años están en riesgo sociosanitario en Málaga, una cifra que aumenta cada año y que supone el 15,3% del total, según datos del Observatorio Municipal para la Inclusión Social, que calcula que en cinco años el número será del 21%. Las cifras no son nuevas ni tampoco sorprenden a los expertos, que las extrapolan a otras provincias. La bajada de la natalidad y el envejecimiento de la población a consecuencia de la cronicidad de las patologías de esta parte de la sociedad están a punto de invertir la pirámide poblacional, con un número de personas mayores muy elevado.

Málaga no es la excepción, como tampoco que más de 13.000 jubilados vivan con una pensión de menos de 400 euros en la provincia. En la capital, muchos de estos ancianos viven en soledad y, a los problemas económicos, se suman los psicosociales por caídas o accidentes domésticos.

Ante esta situación, y el aumento de casos llegados a Servicios Sociales, el Ayuntamiento se decidió a crear hace un año y medio la Unidad de Emergencia Social, pionera en España. «Vimos que los mayores son los que más demandan el servicio de policías y bomberos por caídas, pequeños accidentes domésticos y muchos, además, de forma reiterada», apunta la directora del área de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, que señala que muchas de estas personas están solas y no tienen familia y, si la tienen, están desentendidos de ellos. A raíz de detectar esta carencia observaron más necesidades, como la de atender a víctimas de desahucios, o a de personas que viven en la calle y cuyas circunstancias requieren de una atención por presentar problemas de salud.

La unidad, que funciona las 24 horas los 365 días del año, cuenta con trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de hogar que detectan riesgos y conductores para el servicio móvil. El trabajo puede ser proactivo o a demanda. Y es que el 112 suele avisar a la unidad si se trata de una caída a domicilio con una persona del perfil de sus usuarios. Una vez con el usuario, los profesionales valoran la situación, si hay desgaste, daño neurológico o si pueden seguir viviendo solos. Si la persona necesita una atención continuada y vigilada, el Ayuntamiento tiene concertadas plazas en residencias para casos urgentes y, si se trata de otro tipo de atenciones, se les deriva al Centro de Acogida Municipal.

«El usuario tipo es el de una mujer de unos 80 años que vive sola y cree ser autónoma pero su realidad es otra», explica Sarabia, que explica que el equipo de la unidad estudia si esta persona necesita ser trasladada a una residencia o acceder al servicio de ayuda a domicilio. «Es sorprendente que la mayoría, pese a tener necesidades y escasos recursos, no haya solicitado la ley de Dependencia», agrega la directora del área municipal, que lamenta que estas personas, pese al riesgo, acaben viviendo solas.

Además, la unidad funciona como primeros agentes detectores de casos en riesgo suicida. «Una vez detectado el posible riesgo nos ponemos en contacto con el departamento de prevención comunitaria, para que desde allí se active el protocolo de intervención específica en suicidio», subraya la directora de Derechos Sociales.

En lo que llevamos de año esta unidad ha hecho 708 actuaciones de emergencia social y ha abierto 214 expedientes. Cifras que indican que la tendencia se mantiene, ya que en 2016 se hicieron 1.043, de las que la mayoría fueron en Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, con 154 y 205 atenciones respectivamente, lo que refleja cuáles son los barrios más envejecidos y con más carencias económicas. Del millar de atenciones, 726 fueron auxilios ante caídas.

Para Ruth Sarabia esta unidad es un ejemplo de «servicio a la ciudadanía», pues los profesionales de otros ámbitos, como el sanitario o el de las fuerzas de seguridad, han agradecido la creación del servicio, que viene a complementar a los existentes ante personas en situación de vulnerabilidad.